Simancas se queja a la Federación de Municipios por la ruptura del Pacto Antitransfuguismo

El portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, arropado por el secretario federal de Política Institucional y Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, la secretaria regional de su partido, Ruth Porta, y la alcaldesa de Chinchón, Encarnación Moya, acudirá hoy a la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para quejarse por la ruptura del Pacto Antitransfuguismo a propósito del caso Chinchón.

Además, el diputado socialista Modesto Nolla denunció ayer que las protagonistas de la moción de censura contra la alcaldesa de Chinchón -la futura regidora y actual portavoz del PP, Luisa María Fernández, y la concejal independiente Isabel Montes-, tienen "vínculos familiares" con proyectos de explotación del suelo del municipio.

El diputado socialista Modesto Nolla relacionó a Luisa María Fernández con un proyecto para construir un campo de golf de 18 hoyos en el municipio, que aún no ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento, a través de su socia María de los Ángeles Martínez. Ambas están asociadas en la empresa Nuevas Propiedades Inmobiliarias.

Según Nolla, el suegro de Martínez, Clementino Clemente Ocaña, es uno de los impulsores del campo de golf en tres millones de metros cuadrados, en los que también está prevista la construcción de 2.400 viviendas.

Conexiones con Montes

Los socialistas también denunciaron conexiones entre la concejal de la Unión de Independientes Demócratas de Chinchón, Isabel Montes, y terrenos situados en una zona denominada La Jara, que, según Nolla, fueron objeto de un intento de recalificación por parte del anterior equipo de gobierno del PP, liderado por Ana Magallares, la cual fue inhabilitada por prevaricación. El proceso fue paralizado cuando la actual regidora socialista asumió la alcaldía.

Nolla aseguró que el propietario de parte de esos terrenos es Pedro del Nero, primo hermano del marido de la edil Montes.

"Es difícil atribuir a la casualidad la coincidencia de tantos intereses económicos en esta moción de censura", dijo Nolla. "Aquí se unen los intereses políticos del PP y los particulares de determinadas personas, como las familias de la socia de la futura alcaldesa y la edil tránsfuga".

Por otra parte, el diputado Nolla recibió ayer una carta de los abogados de Javier Sánchez Lázaro, en la que afirman que éste "no se encuentra en ninguna condición en el proceso por estafa que se sigue actualmente contra los que fueran administradores de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV)".

Además, la misiva añade que, aunque el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid declaró nulas las operaciones que la empresa Jabbar Inversiones concertó en 2003 con CPV, la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado esa decisión en resoluciones fechadas el pasado noviembre y el pasado 9 de enero.