El PSPV exige a Camps que aclare las revelaciones de Tabares sobre el auténtico contrato con el cantante

Las declaraciones de José María Tabares, ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), ante un juzgado de Sevilla en torno al montante del contrato firmado por la Generalitat con el cantante Julio Iglesias desataron ayer una reacción inmediata de parte de la oposición socialista, que se apresuró a exigir aclaraciones al respecto al presidente Francisco Camps.

Juan Ignacio Sáez, abogado de Tabares, explicó el lunes en Sevilla que el contrato con el cantante constaba de "un documento base y varios anexos" en los que quedaba claro que Julio Iglesias iba a cobrar casi mil millones de pesetas (seis millones de euros).

Diego Such, consejero de Industria, y el propio Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat, reiteraron en su día ante las Cortes que el contrato con Julio Iglesias ascendía a 375 millones de pesetas (2,26 millones de euros) y negaron cualquier anexo.

Pero la oposición socialista denuncia desde entonces que Julio Iglesias cobró seis millones de euros a través de varias empresas en paraísos fiscales y libres de impuestos.

"Lo que se informa a las Cortes Valencianas es cosa de los políticos. Toda la documentación y los contratos son conforme a ley y así lo ha dicho la Agencia Tributaria", comentó Tabares el lunes en Sevilla después al finalizar su comparecencia ante el juez.

La diputada socialista Amparo Marco, portavoz de Empresa, recordó que el actual presidente de la Generalitat "ha contestado en sede parlamentaria que asume toda la gestión de su antecesor, Eduardo Zaplana, de la A a la Z; ahora, lo que tiene que hacer es explicar sin tapujos cuánto nos ha costado a todos los valencianos y valencianas el contrato b de Julio Iglesias".

"Si la Generalitat abonó 990 millones de pesetas al cantante, tal y como especifica el contrato que hasta ahora estaba escondido en un cajón, el PP tendrá que explicar públicamente por qué mintió a las Cortes Valencianas al decir que el contrato había costado 375 millones de pesetas", siguió Marco, quien calificó de "inaudito" que "en un Estado de derecho se permita el pago en paraísos fiscales y libres de impuestos engañando a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana".