El Gobierno ultima una ley para coordinar las competencias autonómicas

El Gobierno ultima un proyecto de ley de cooperación del Estado con las comunidades autónomas para ordenar las competencias de éstas, las actuales y las que surjan de las reformas estatutarias en marcha. Empezará a tramitarlo cuando quede encauzado el nuevo Estatuto de Cataluña. El objetivo de esta ley, anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en su investidura, es "culminar el proyecto territorial del Gobierno socialista, adaptando un entramado de cooperación entre las autonomías y el Estado a la altura del enorme proceso descentralizador que se está produciendo en España", señala el ministro Jordi Sevilla. "Tras las reformas de los estatutos catalán y valenciano vendrán las del resto de las comunidades", añade.

"El proyecto de ley de Cooperación no trata de reabrir el debate sobre las competencias entre las comunidades autónomas y el Estado, sino de mejorar la gestión de ellas, de manera coordinada. Se trata, en definitiva, de que la España descentralizada funcione mejor", precisa el titular de Administraciones Públicas.

El proyecto, señala Jordi Sevilla, se completa con otra pieza clave, la reforma del Senado para convertirlo en Cámara territorial y en lugar de encuentro del Gobierno central con las comunidades autónomas y de éstas entre sí para dirimir en sede parlamentaria sus conflictos. Este segundo objetivo no depende sólo del Gobierno. Precisa de un acuerdo con el PP, porque al requerir de una reforma constitucional necesita de dos tercios de los votos en ambas Cámaras.

"El proyecto territorial de Zapatero, que el PSOE recogió en su declaración de Santillana del Mar (Cantabria), de agosto de 2003, plantea una mayor participación de las comunidades en el Estado, para pasar de una política autonómica de reclamación y conflicto competencial, que se zanja en recursos ante el Tribunal Constitucional, a otra de cooperación entre las comunidades y el Estado, en la que éste no diluya su papel. Para ello hay que potenciar órganos multilaterales que lo faciliten, y ése es el objetivo de la Ley de Cooperación", señala Sevilla.

El proyecto de ley de Cooperación pretende que el Gobierno central reconozca a las comunidades como Estado y que éstas, a su vez, sean leales con él. Su contenido regulará varias piezas del entramado multilateral del Estado con la pretensión de potenciarlas.

"La puesta en marcha del proyecto de Ley de Dependencia plantea un problema. ¿Qué pasa si una autonomía se niega a aportar su contribución económica al proyecto? La Ley de Cooperación pretende establecer los derechos y obligaciones de las instituciones autonómicas", señala el ministro a modo de ejemplo.

"No se puede gestionar bien la sanidad con 17 gobiernos autónomos, que disponen de esa competencia, sin sentarse todos con el Gobierno central en una misma mesa y ponerse de acuerdo. Hace falta una regulación del funcionamiento de esas reuniones distinta de la que existe ahora, porque los órganos vigentes han quedado obsoletos. Y esto es también de aplicación para numerosos organismos multilaterales", añade el ministro.

El régimen de sanciones

Otro ejemplo se acaba de plantear con una sanción de la Unión Europea que ha recaído sobre el Gobierno central cuando la responsabilidad fue de una mala gestión de una comunidad autónoma. "¿No habría que regular el régimen de sanciones?", dice el ministro.

También cree necesario fijar, a través de esa Ley de Cooperación figuras creadas en el proceso de negociación de las reformas estatutarias, tales como los consorcios -que se crearán para las agencias tributarias y otros organismos- y las nuevas relaciones de bilateralidad y multilateralidad de las comunidades y Gobierno central.

La Ley de Cooperación regulará el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes autonómicos, inaugurada en noviembre de 2004. Establecerá si en ese foro se vota o no, quién lo convoco, si debe disponer de un órgano permanente... También revisará el funcionamiento y las competencias de las conferencias sectoriales, que reúnen a los ministerios con los correspondientes departamentos autonómicos; y establecerá criterio sobre el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo que fija la financiación autonómica, así como del Consejo Interterritorial de Salud. El texto determinará si en el CPFF el Gobierno debe disponer del 50% de los votos frente al otro 50% de las comunidades, y si debe presidir siempre las reuniones el ministro de Economía.

El Gobierno pretende, por último, dar rango legal a la participación de las comunidades en determinados órganos de la Unión Europea. Hasta ahora esta relación la regula una orden ministerial.