Las críticas del PP al Gobierno monopolizan las jornadas del Consell sobre infraestructuras

"Necesitamos un nuevo Gobierno que apoye decididamente la Comunidad Valenciana". Esa es la conclusión que, en palabras de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hay que sacar cuando se habla de infraestructuras. Barberá y otros altos cargos del PP valencianos, murcianos y madrileños convirtieron ayer en la primera de las jornadas sobre infraestructuras organizadas por la Generalitat en una crítica monolítica al Ejecutivo de Rodriguez Zapatero, al que se acusó de paralizar la práctica totalidad de grandes proyectos y de actuar con sectarismo.

García Antón dice que al PSOE le falta voluntad política en el corredor mediterráneo

Las intervenciones de los cargos públicos en la primera sesión de las jornadas sobre Las infraestructuras y el futuro de la Comunidad Valenciana fueron todas en blanco y negro y se resumieron en la siguiente idea: el PP ha cumplico con su compromiso, mientras el Gobierno del PSOE ha paralizado todas las grandes infraestructuras mientras acelera las de Cataluña y Andalucía.

Los alcaldes de Castellón, Alicante y Valencia, los populares Alberto Fabra, Luis Díaz Alperi y Rita Barberá, respectivamente, con más o menos matices pusieron ayer de hoja de perejil al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. La alcaldesa de Valencia, que tuvo que soportar la protesta de los vecinos de Patraix afectados por una subestación de Iberdrola, fue la más cruda al manifestar: "El Gobierno socialista ha tratado siempre de castigar a esta Comunidad por donde más le duele, por las infraestructuras". Barberá comparó el retraso en el cierre de la autovía A-3, Madrid-Valencia, a su paso por las Hoces del Cabriel con los retrasos que tiene el AVE y la derogación del trasvase del Ebro.

Los tres alcaldes argumentaron que cuando alcanzaron la vara del gobierno sus ciudades eran un desastre y ahora cuentan con infraestructuras modernas, que si están por completar es a causa de las pegas que pone el Gobierno central.

Por su parte, los consejeros de infraestructuras de los gobiernos autonómicos de Madrid, María Dolores Cospedal; Murcia, Joaquín Bascuñala; y el valenciano José Ramón García Antón acordaron exigir al Ministerio de Fomento que ponga plazos a la ejecución del AVE que unirá estas tres comunidades.

García Antón manifestó que las obras entre Cuenca y Valencia avanzan a buen ritmo, pero que los tramos entre esta ciudad manchega y Madrid están paralizados. "Si la Comunidad Valenciana no tiene las mismas posibilidades que tienen otras comunidades, se están alterando nuestras condiciones de competitividad y eso no lo podemos permitir", dijo.

El consejero valenciano también manifestó sus dudas sobre la voluntad del Gobierno central de adecuar la red ferroviaria en el corredor mediterráneo a la alta velocidad.

Según García Antón, las informaciones de las que dispone sobre la compra de trenes hacen sospechar al Consell que no habrá material ferroviario suficiente para cubrir la línea de AVE entre Alicante y Madrid o el corredor mediterráneo.

Su homóloga en la Comunidad de Madrid, Dolores Cospedal, también acusó al Gobierno Zapatero de incumplir los compromisos pactados con el Ejecutivo de Aznar para construir las autovías M-1 y M-50 que finalmente ha decidido adjudicar mediante concesión el gobierno popular de Esperanza Aguirre.

El consejero murciano también denunció la paralización de la autovía A-33 entre Valencia y Murcia prevista con el anterior Gobierno. Sin embargo, Bascuñana reconoció que tiene previsto firmar en las próximas semanas con el Ministerio de Fomento un convenio de contenido similar al establecido por la Comunidad Valenciana.

El titular de la Consejería de Infraestructuras de la Generalitat contrapuso las dudas que arroja la gestión del Ejecutivo de Zapatero al "éxito del Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE), que se presentó en enero de 2004" y que comprende la inversión en carreteras, energía y telecomunicaciones, transportes, agua y puertos. Según García Antón, en 2005 "se ha multiplicado por más de dos el volumen de licitación de años anteriores", por lo que confia en que se inviertan hasta 2010 un total de 15.000 millones de euros, el 39% del Consell, el 24% con cargo a concesiones y el 37% de empresas privadas.