La Cámara de Cuentas critica el reparto de los 2.500 millones de la financiación en cuatro años

La Cámara de Cuentas, en un informe provisional, ha cuestionado la decisión del Gobierno andaluz de distribuir en cuatro presupuestos los 2.500 millones de euros que ingresó en 2004 por el pago de la deuda de la financiación autonómica generada entre 1997 y 2001. El órgano fiscalizador entiende que este dinero debió computarse completo en el presupuesto de 2004 y que el reparto en cuatro ejercicios está "sobredimensionando" los ingresos de la Junta hasta 2007. La Junta replica que la imputación de los 2.500 millones en un solo ejercicio sí que habría producido una distorsión.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Junta alcanzaron en junio de 2004 un acuerdo por el que el Estado aceptaba pagar a Andalucía 2.500 millones de euros por la deuda de la financiación autonómica, un litigio que se gestó durante el mandato de José María Aznar. El conflicto arranca en 1996, cuando el PP pacta con los nacionalistas catalanes de CiU la financiación del periodo 1997-2001. El pacto ignoraba la población real de Andalucía, por lo que 365.000 personas quedaron excluidas del sistema a efectos financieros.

El dinero de la deuda llegó, finalmente, en octubre de 2004. El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, decidió que los 2.500 millones se repartieran en cuatro ejercicios presupuestarios. 800 millones se incorporaron al presupuesto de 2004 para atender operaciones de tesorería y créditos presupuestarios. Con ese dinero, sobre todo, se hizo frente a facturas y deudas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Gobierno andaluz acordó destinar los otros 1.700 millones a inversiones en los tres siguientes presupuestos (650 millones en 2005, 900 en 2006 y 150 en 2007).

Los tres partidos de la oposición cuestionaron entonces la decisión del Ejecutivo autonómico y reclamaron que ese dinero se incluyese en un solo ejercicio presupuestario. En concreto, IU planteó que se hiciera un plan plurianual de inversiones extraordinarias a gastar en varios años, que se debatiera y aprobara en el Parlamento. "Incluso llegamos a redactar una proposición no de ley para instar a la Cámara de Cuentas que indicara la forma más adecuada de gestionar este volumen de dinero importante, pero el PSOE se negó", afirma la portavoz izquierdista, Concha Caballero.

Repercusión

Ahora, la Cámara de Cuentas señala en un informe provisional que "el criterio general" de los "principios contables públicos" es el de "contabilizar los ingresos" cuando se produzca la liquidación. Por tanto, el órgano fiscalizador entiende que los 2.500 millones debieron aplicarse en el presupuesto de 2004.

"Este modo de registrar los derechos va a tener una repercusión en los ejercicios futuros, sobredimensionando los ingresos hasta el ejercicio 2007, distorsionando el saldo no financiero antes de ajustes", señala el informe, que ha sido enviado al Gobierno andaluz para que presente las correspondientes alegaciones.

La Junta afirma que optó por la fórmula más correcta y que si se hubiesen computado los 2.500 millones en el presupuesto de 2004 sí que se hubiese producido "un efecto distorsionador". El Gobierno andaluz, que considera que la crítica de la Cámara de Cuentas puede desaparecer del informe definitivo tras presentar sus alegaciones, destaca que el pago de la deuda de la financiación no es un "ingreso ordinario", por lo que no se puede aplicar sin más el criterio general de contabilización. Además, la Junta hace hincapié en que el ingreso se generó en varios años (a lo largo del quinquenio 1997-2001 del anterior sistema de financiación autonómica) aunque el pago se hiciese de una sola tacada.

Para IU, sin embargo, las indicaciones de la Cámara de Cuentas son claras. "No se pueden hacer fullerías con los ingresos de la comunidad, aún más si se tiene en cuenta que el Gobierno de la Junta no es quien para disponer por su cuenta del destino de 2.500 millones de euros sin pasar por el Parlamento, que es la institución a la que compete la aprobación de los presupuestos. No estamos hablando de una modificación presupuestaria menor, una cuantía así no se puede administrar sólo por el Gobierno", dice Concha Caballero. También opina que con el método adoptado se han "inflado artificialmente" los ingresos de 2005 y 2006: "Además, han contado dos veces el mismo dinero, porque cuando se presentaron los respectivos proyectos de presupuestos de 1997 a 2001 ya se contabilizó el 2% de la PIE y ahora se vuelven a contar".