Una ley de progreso

La Ley Orgánica de Educación (LOE), recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, es una ley necesaria, que corrige efectos perversos de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que aprobó el Partido Popular en solitario en el año 2002. Entre ellos, la segregación de alumnos desde los 14 años a través de itinerarios estancos, y la segregación entre centros educativos: los de élite, privados y concertados, y los públicos para la concentración de necesidades educativas especiales y otras dificultades para el aprendizaje. Lo que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación fomentaba no era la libre elección de centro, sino la libertad de los centros para elegir a sus alumnos. Fomentaba el gueto educativo, cuyas consecuencias acaban de reflejarse en el espejo francés como fruto de la fuerte dualización social.

La ley desarrolla además los valores de ciudadanía como base común para la cohesión social más allá de las distintas identidades

La Ley Orgánica de Educación, por el contrario, nace para abordar el desafío principal del sistema educativo: enseñar más cantidad de conocimientos a más cantidad de personas, de acuerdo con una aplicación correcta del principio de igualdad de oportunidades, según la cual la calidad y la equidad no son incompatibles, sino complementarias, como resorte esencial de una verdadera política social. Algo que no admite en la práctica la derecha más nostálgica de aquellos pacíficos tiempos de la educación selectiva, incapaz de asumir que equidad en el tratamiento significa, entre otras cosas, reparto equitativo de las dificultades del aprendizaje entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Un aspecto éste que afecta, igualmente, a la educación vasca. Recordemos que aquí aún tenemos concentración de necesidades educativas especiales en algo menos de 100 centros públicos, de modelo A de la comunidad. En ellos, la falta de integración cristaliza en tasas de aprobados con diferencias de hasta 20 puntos en algunos cursos, retrasos acumulados por repeticiones que afectan al 80% del alumnado y tasas de repeticiones de más del 20% en Secundaria. La inmigración, por su parte, está concentrada en un 70% en la Escuela Pública. No hay, pues, reparto de cargas por parte de los centros concertados, por una clara falta de voluntad de la administración educativa del País Vasco.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Educación respeta el pluralismo ideológico que hizo posible el pacto constitucional en la educación, desde una consideración amplia y flexible de la educación como servicio público a prestar tanto por los centros públicos, como por los privados concertados. El Gobierno ha hecho un esfuerzo para asumir planteamientos ajenos, al rebajar la carga ideológica que podría conllevar una defensa cerrada y en exclusiva de la Escuela Pública. Una actitud que lamentablemente no se ha visto correspondida con una descarga ideológica de la derecha más recalcitrante, que se ha lanzando a una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Campaña desactivada por quienes, como la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), han roto con esta dinámica y, con voluntad de pacto, han demostrado que la voluntad de diálogo del Gobierno era real.

La Ley Orgánica de Educación, además, aclara el panorama legislativo, asumiendo lo más operativo de las leyes educativas anteriores, en una búsqueda de la eficacia y del compromiso con la estabilidad del sistema y reconociendo, de entrada, que nuestros resultados comparativos con el resto de países no son satisfactorios. Aunque hay que recordar también, para ser justos, que hace 30 años sólo estudiaba en España el 25% de la población hasta los 16 años. El hecho de que ahora sea el 75% el que supere sus estudios a esa edad, no deja de significar una evolución razonable, aunque sea insuficiente.

Las recetas de la Ley Orgánica de Educación para mejorar nuestros resultados comparativos son: un 0-3 educativo y no asistencial para prevenir desigualdades de origen; una Primaria que se concentra en el desarrollo de destrezas básicas tales como las matemáticas, la lengua y la escritura para prevenir el fracaso escolar; y una Secundaria que abre el abanico de la diversificación para conectar con los intereses distintos de la adolescencia.

Rezuma, además, filosofía para la formación permanente a lo largo de la vida y de evaluación como procedimiento para avanzar. Respeta, también, con rigor, el reparto competencial, en clave de cooperación, hasta el punto de ser la primera ley que anota en una de sus disposiciones finales lo que es y no es legislación básica.

Concluyo con dos valoraciones políticas de aplicación también a la educación vasca y cuya inspiración encontramos en la Ley Orgánica de Educación. La importancia de trabajar el pacto entre diferentes para crear valor añadido tal y como hicimos los socialistas vascos al alumbrar el pacto escolar de 1992, y el desarrollo de los valores de ciudadanía como base común para la cohesión social más allá de las distintas identidades y de los diversos sentimientos de pertenencia. Una encomienda ésta de primera necesidad para Euskadi, por razones tan obvias, que no es necesario entrar en mayores explicaciones.

Isabel Celaá es portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento vasco.