El Gobierno español y la estrecha vigilancia del Tribunal Supremo

A lo largo del contencioso y especialmente durante la vista celebrada ayer en Luxemburgo, ha planeado la sospecha lanzada por Endesa de que con su recurso a Bruselas buscaba una mayor garantía jurídica.

Este aspecto fue desbaratado ayer, tanto por los abogados de la Comisión Europea como por la abogada del Estado, Nuria Díaz, y Nadia Calviño, directora general del Servicio de Defensa de la Competencia, que intervinieron en nombre del Reino de España. En varios momentos se insistió en que a los jueces españoles correspondía también aplicar las reglas comunitarias que, por otra parte, no se diferenciaban sustancialmente de las nacionales en materia de competencia. La abogada del Estado expresó su preocupación por el riesgo que supondría para la seguridad jurídica si las empresas instrumentalizaran la Comisión y los Tribunales europeos para buscar el foro que estiman que puede ser más beneficioso para sus intereses.

Consideró que no tenía ninguna duda de que la operación no tenía dimensión comunitaria y que carecía de sentido la adopción de medidas cautelares porque, según el Gobierno, la operación no se completará hasta mediados o finales de mayo.

Respondiendo a preguntas del juez sobre los criterios que emplearía el Gobierno español para tomar la decisión, la directora del Servicio de Defensa de la Competencia recordó que las decisiones del Consejo de Ministros, que en los próximos días decidirá sobre la OPA, estaban sometidas a una estrecha vigilancia por parte del Tribunal Supremo, a quien se recurría con cierta frecuencia. Precisó que durante los últimos años, el Supremo había anulado operaciones de concentración en dos casos, había anulado las condiciones fijadas en otros dos supuestos y en otros dos recursos había aprobado las fusiones.