La Generalitat pedirá que la ley del medicamento afecte menos a los laboratorios

La industria farmacéutica española ha encontrado en el Gobierno catalán un aliado inesperado para intentar paliar los graves perjuicios económicos que, según la patronal Farmaindustria, supondrá para su negocio la aplicación de la nueva Ley del Medicamento, cuyo proyecto fue aprobado en Consejo de Ministros en diciembre.

La Generalitat, preocupada por la amenaza de las deslocalizaciones en un sector que está radicado en un 40% en Cataluña y que teme perder un 10% de sus ingresos, es partidaria de "introducir modificaciones durante la tramitación de la ley para que algunas de sus medidas no penalicen de forma tan drástica a las empresas, y también para que su aplicación sea gradual". Así lo explicaron fuentes conocedoras de una reunión que ayer se celebró en Barcelona entre representantes de la industria y el Ejecutivo autónomo.

La "suavización" y la "gradualidad en la aplicación" que la Generalitat se comprometió ayer a defender se refieren, sobre todo, a dos medidas. En primer lugar, la aplicación de una tasa progresiva que los fabricantes deberán aplicar sobre sus ventas. A partir de cierta facturación, dicha tasa alcanza el 5%. Este porcentaje puede reducirse si se trata de una empresa considerada "innovadora", según la calificación del Ministerio de Industria. Los cuatro grupos que participaron en la reunión -Amirall-Prodesfarma, Laboratorios Esteve, Sanofi-Aventis y Novartis- facturan lo suficiente para que se les aplique el tipo máximo.

Rebaja a los 10 años

La segunda medida que inquieta es la rebaja del 20% de los precios de los productos que lleven más de 10 años en el mercado de los que no exista un genérico en España, pero sí en otros países comunitarios. Fuentes conocedoras de la reunión -a la que asistieron el consejero de Economía, Antoni Castells; el de Trabajo e Industria, Josep Maria Rañé, y la de Sanidad, Marina Geli- señalaron que "una aplicación de golpe de ambas medidas obligaría a cambiar de estrategia de negocio a las empresas, con graves perjuicios".

La Generalitat respalda globalmente el contenido de la ley,

pero presentará enmiendas al proyecto en las Cortes a través de PSC, ERC e ICV. Una de las cuestiones que más inquietan al Gobierno de Pasqual Maragall es la "desincentivación" de la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D) por parte del sector, debido a que parte de lo recaudado por las tasas impuestas por Sanidad va a dedicarse a investigación pública.

La ley supondrá la vuelta al sistema de precios de referencia que impuso el PP, pero suavizado (los laboratorios tendrán tres años para bajar sus precios), informa Emilio de Benito. También acabará con los descuentos aplicados a todos los medicamentos en 2005 (del 4%) y 2006 (del 2%). Esta medida ha hecho que en noviembre de 2005 -últimos datos disponibles- la factura pública en fármacos haya subido sólo el 5,85% (en 2004 el incremento fue del 11,41%).