Una nueva ley amplía los derechos sociales del millón y medio de emigrantes españoles

Una ley preconstitucional de 1971 regulaba hasta ahora los derechos de los emigrantes españoles, además de algunas medidas de los distintos Gobiernos democráticos. El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de hoy el proyecto de Ley del Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, que ampliará los derechos políticos y sociales del millón y medio de españoles que, según el último censo de 2004, residían en el exterior. La ley, que es un compromiso electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá una dotación inicial de 154 millones de euros para 2006.

La ley, elaborada por el Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, afectará a "quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio nacional", así como a sus familiares, "entendiendo por tales el cónyuge y los descendientes hasta el primer grado, siempre que sean menores de 21 años o mayores de esa edad que estén a su cargo".

La nueva norma, fruto del diálogo del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, con representantes de los emigrantes, consejos de residentes, sindicatos y patronal, establece una serie de derechos políticos y sociales de los que se podrán beneficiar todos los ciudadanos españoles en el exterior.

- Derecho de voto. El texto normativo intenta garantizar el máximo de transparencia en el proceso electoral y garantiza que "se habilitarán los medios materiales y técnicos precisos que posibiliten la votación en urna en aquellas elecciones y demarcaciones consulares donde sea posible, teniendo en cuenta las características de los países de residencia y el número y distribución de españoles residentes en el país de que se trate". Hasta ahora, el voto de los residentes ausentes sólo se puede hacer por correo.

- Derechos sanitarios. La ley compromete al Estado español a la gradual equiparación de los derechos de los españoles residentes en el exterior con los que tienen los residentes en España sobre las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. La normativa garantiza que se "promoverá una atención integral de la salud, atendiendo con carácter prioritario a los mayores y dependientes que carezcan de recursos suficientes". Para lograr estos objetivos, "el Estado podrá suscribir convenios preferentemente con las entidades públicas aseguradoras o prestadoras de cuidados de salud de los países donde sea necesario garantizar la efectividad del derecho a la protección de la salud".

- Ayudas a los necesitados. "La Administración General del Estado", señala la ley, "garantizará el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras y siendo mayores de 65 años de edad o incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia". Ahora, el Gobierno español concede este tipo de ayudas, que incluye cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Con la aprobación de la ley, la ayuda económica a los emigrantes más necesitados se consolida como un derecho. "La prestación por razón de necesidad", señalan los redactores del texto, "englobará la pensión asistencial por ancianidad y la asistencia sanitaria".

Entre los colectivos más favorecidos por la nueva ley estarán los "españoles desplazados durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil española".

- Derechos educativos. También la ley garantiza que los poderes públicos "promoverán medidas que favorezcan el acceso a la educación obligatoria en su país de residencia a través de los medios que se estimen adecuados". De igual modo se comprometen a "fomentar la realización de estudios universitarios en España mediante la concesión de becas o la suscripción de convenios de colaboración con universidades españolas".

Además de todas estas medidas, la ley establece la creación de una Oficina Española del Retorno, adscrita al Ministerio de Trabajo, para "facilitar la orientación y el asesoramiento a los españoles que decidan retornar".

La memoria económica del proyecto establece un gasto para aplicar la ley en su primer año de 154 millones de euros, e implica a los ministerios de Trabajo, que aportará el 88% del presupuesto total, Exteriores y Educación. La norma ha sido respaldada por el Consejo Económico y Social.