La Audiencia reclama informes policiales sobre la actividad de la ilegalizada Batasuna

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que sustituye temporalmente a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central número 5, dirigió el martes un oficio a la Unidad Central de Inteligencia de la Policía y a la Brigada de Información de la Guardia Civil en el que reclama que le informen sobre las actividades que realice la ilegalizada Batasuna ante su anunciado congreso nacional, previsto para el día 21. Todo indica que el magistrado podría adoptar de oficio medidas para impedir la celebración del evento y hacer cumplir las resoluciones de su juzgado.

El titular del juzgado, Baltasar Garzón, quien en el marco del sumario 35/02, conocido como el de las herriko tabernas, declaró el 26 de agosto de 2002 la suspensión de actividades de Batasuna. La celebración de un congreso convocado por Batasuna vulneraría de plano la resolución judicial.

No se trata por tanto del incumplimiento de la ilegalización de Batasuna por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, argumentan fuentes de la Audiencia, sino la desobediencia a una resolución ejecutiva en un proceso penal, que tramita el propio juzgado que ahora pide los informes a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Además, el magistrado ha fijado un plazo de 72 horas para que los cuerpos policiales hagan llegar sus dictámenes al juzgado, de donde se deduce que su intención es actuar lo antes posible, si bien, es también probable que tras recibir los informes, dé traslado de los mismos al fiscal y a las acusaciones para que se pronuncien al respecto.

De todas formas, existen precedentes de que Grande-Marlaska ha adoptado decisiones en contra del criterio del fiscal, por lo que fuentes de la Audiencia considera que no es imprescindible que la Fiscalía sea partidaria de impedir la celebración del congreso para que el juez adopte la decisión que considere conveniente.

Denuncia de la AVT

Mientras tanto, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, declaró ayer a la salida de un acto presidido por los Reyes en la Fiscalía del Estado, que no le parece legal la convocatoria del congreso de Batasuna, aunque está a la espera de instrucciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Fungairiño precisó: "Naturalmente que no me parece legal [el congreso]. Es decir, una asamblea por un organismo que está extinguido no debe celebrarse, al menos teóricamente". No obstante, el fiscal jefe no quiso pillarse los dedos y dijo que sus opiniones no prejuzgaban la postura que adoptará la Fiscalía al respecto.

Fungairiño, sin embargo, aseguró que están estudiando el asunto, ya que además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado los hechos ante la Fiscalía para tratar de impedir la celebración del congreso.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, no quiso pronunciarse sobre la postura oficial de la Fiscalía y afirmó que tanto la Fiscalía del Tribunal Supremo, como la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco están estudiando la cuestión y que se actuará conforme a derecho.

El sumario 35/02, del Juzgado Central número 5, iniciado por Garzón y que ahora instruye el juez Grande-Marlaska, investiga la financiación de la organización terrorista ETA y de las estructuras de la izquierda abertzale que la sustentan, a través de las herriko tabernas. En el citado sumario se encuentran procesados 41 dirigentes de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, entre los que figuran Arnaldo Otegi y el ex parlamentario fugado Jon Salaberria.

En el auto de procesamiento, Garzón señalaba que "HB fue creada por ETA y se desarrolló con dos finalidades; una, la de asumir el liderazgo del denominado 'Proceso de Construcción Nacional' (...) que constituye la base nuclear de la acción de la organización terrorista, y otra, como instrumento de esa organización para desarrollar su 'lucha institucional', a través de la cual materializar políticamente los planteamientos y proyectos independentistas y alegales, que no podía afrontar ETA como organización clandestina".

"La instrumentalización de HB-EH-Batasuna por parte de ETA" agregaba, "no sólo ha sido política o institucional, sino también económica", por lo que en 2002 acordó la suspensión de sus actividades.