El PP recurrirá ante el Constitucional el Consejo Audiovisual de Cataluña

El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional las competencias del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), un organismo que tiene entre sus funciones la vigilancia y el control del sector de la radio y la televisión de ámbito autonómico. Además de otorgar licencias, vela por "el respeto del pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural" y tiene capacidad para imponer sanciones a aquellos operadores que vulneren tales principios.

Pero el PP entiende que este organismo no puede entrar a valorar los contenidos, porque "los límites a la libertad de expresión están en la Administración de justicia", dijo ayer su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana. El anuncio del recurso se produce tres semanas después de que el CAC emitiera un informe que concluía que la Cope había vulnerado los límites constitucionales al ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de información y de expresión.

El PP se ha opuesto también a que la futura Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales tenga entre sus competencias las de velar por la "objetividad y veracidad de las informaciones", tal y como le otorga el anteproyecto de Ley General Audiovisual. Ambos textos serán aprobados por el Consejo de Ministros en las próximas semanas.

El PP entiende que el Consejo Audiovisual estatal diseñado por el Gobierno ejercería "censura previa". Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, matizó ayer que el Ejecutivo no pretende crear un organismo encargado de analizar los contenidos de los medios de comunicación o que pueda afectar "a la absoluta y total libertad de expresión".

Hace un año, el PP votó en el Congreso a favor de la creación de un Consejo Audiovisual estatal que, entre otros aspectos, estaría encargado de "proteger la dignidad de las personas", tanto en la programación como en la publicidad. El CAC concluía, precisamente, que algunas expresiones vertidas en la cadena de radio de la Conferencia Episcopal entraron "de forma clara dentro de la ilegítima vulneración del honor y la dignidad de personas físicas y jurídicas, así como del ataque al prestigio de instituciones fundamentales de nuestro sistema constitucional".