Acuerdo unánime de los ponentes del Estatuto para dejar la deuda histórica tal y como está

Después de un intenso debate, los cuatro grupos parlamentarios de la ponencia del Estatuto acordaron ayer por unanimidad dejar la deuda histórica (disposición adicional segunda) tal y como está, y añadir una nueva disposición que garantice su liquidación. La cláusula está pendiente de redacción y, por lo tanto, del beneplácito de todos. Aunque el PSOE ha renunciado a su propuesta, el portavoz, Manuel Gracia, calificó de muy positivo el acuerdo, ya que "fortalece" la posición de la Junta en la negociación actual con el Gobierno sobre la deuda "y nos hace ser optimistas".

Todos los grupos parlamentarios habían planteado textos diferentes sobre la disposición adicional segunda del Estatuto -que establece la consignación de fondos extraordinarios para nivelar los servicios- y un motivo de polémica entre los partidos que dura ya más de una década. El PSOE propuso cambiar la redacción y limitar las asignaciones complementarias de las que habla esta disposición a una compensación en los presupuestos generales para garantizar un nivel mínimo de los servicios en el momento en que fueron transferidos.

Ante el rechazo de los otros tres grupos, los socialistas optaron por retirar su texto y aceptar la propuesta del PP de mantener la actual redacción de la deuda histórica en el Estatuto reformado. Para asegurar el pago de la deuda, los ponentes acordaron una nueva disposición en la que se recojan una serie de cláusulas, aún en el supuesto de que no se hubiese abonado cuando el nuevo Estatuto sea aprobado. No obstante, la disposición todavía no ha sido precisada y está pendiente de que la redacten los servicios jurídicos.

El PP pide que en esta disposición se incluya que la cuantía de la deuda es la que, según los populares, aprobó el Parlamento andaluz (1.148 millones de euros), extremo que niega tajantemente el PSOE. Izquierda y PA, por su parte, pidieron que en la nueva disposición se refleje que en el caso de que la deuda histórica no se haya liquidado al entrar en vigor el nuevo Estatuto, ésta sea reconocida y evaluada en el plazo de seis meses y abonada en el ejercicio presupuestario siguiente. PP y PSOE estuvieron de acuerdo con este planteamiento, ya que salvaguarda los resultados de la negociación en curso con el Gobierno, la cual, en palabras del portavoz, Manuel Gracia, se "fortalece" con el acuerdo por unanimidad, y da esperanzas de un final positivo antes de que se apruebe el Estatuto.

IU dijo, además, que no renuncia a que en el Estatuto figure que se garantice un nivel "medio" de los servicios, en lugar de "mínimos", mientras que el PA señaló que, aunque participe en las enmiendas y debates, no firmará la proposición de ley de reforma del Estatuto "si no cambian muchos las cosas".

Con la reunión de ayer -en la que se vieron también las disposiciones que se refieren a las relaciones con Ceuta y Melilla- se da por concluida la primera lectura del borrador. La semana que viene se hará una segunda, de modo que los servicios jurídicos puedan sistematizar el texto y tenerlo para febrero.

Por otra parte, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas criticó ayer en Córdoba la propuesta de financiación autonómica de Manuel Chaves y tachó de "lesiva" y "perjudicial" la cesión del 50% del IRPF a las comunidades, informa Manuel Planelles, pese a que esta misma propuesta ya la hizo Teófila Martínez cuando ocupaba el puesto de Arenas.