Los números de la vivienda protegida

Dado que ya han transcurrido dos años de acción del Gobierno catalán, es un buen momento para hacer balance de las actuaciones en la política de vivienda, probablemente la que más preocupa a los catalanes, especialmente a los jóvenes. Para hacerlo, parece adecuado referirse al objetivo más destacado que el Pacto del Tinell nos impone y que puede resumirse en la promoción de 42.000 viviendas protegidas, una concreción que facilita el seguimiento y que, al final del mandato, permitirá defender si hemos o no cumplido nuestros compromisos. Este objetivo duplica los magros resultados del anterior cuatrienio pero, no lo olvidemos, no llega ni a la mitad de la nueva demanda residencial de vivienda asequible en Cataluña. Para hacerlo posible, había que cambiar algunas normas, y lo hicimos rápidamente. En 2004 se aprobaron la reforma de la Ley de Urbanismo, que aumenta las reservas para vivienda protegida en los nuevos planes y crea la figura de vivienda dotacional de alquiler para jóvenes y mayores, y el Plan por el Derecho a la Vivienda, que prevé ayudas financieras a la promoción y define la figura de vivienda de precio concertado. Además, conseguimos del Gobierno español nuevas ayudas y cambios en los precios de la vivienda protegida para facilitar su viabilidad y pusimos en marcha los instrumentos propios, Instituto Catalán del Suelo (Incasol) y Adigsa, para cumplir los objetivos.

En 2005, hemos añadido a estos esfuerzos un convenio bilateral con el Ministerio de Vivienda para optar a ayudas de hasta 800 millones de euros en cuatro años y hemos constituido la Red de Mediación Social por el Alquiler, que se nutre del esfuerzo de 40 bolsas locales y comarcales y de la Secretaría de Juventud. En este año 2006 se cerrará el despliegue normativo con la nueva Ley del Derecho a la Vivienda y la creación de la Agencia de Vivienda de Cataluña. Además, el Gobierno catalán añade a las transferencias del Estado nada menos que 108 millones de euros anuales para políticas de vivienda y una inversión de más de 200 millones de euros anuales a través de Incasol.

Los resultados siempre son lentos en unas actuaciones que necesitan suelo, planeamiento, proyectos, licencias y construcción. Pero los números indican que vamos por buen camino. Ya el primer año, 2004, se aumentó en un 28% la producción de vivienda protegida, hasta 6.390 viviendas. El año 2005 se cerrará con 9.000 viviendas protegidas, la cifra más alta desde los inicios del ciclo alcista de los precios. Ello ha sido posible sobre todo por la activación de las reservas públicas de los municipios. Es curioso que se siga acusando a los ayuntamientos de especular con su suelo, cuando se ha acabado radicalmente con las subastas de suelos residenciales públicos. El compromiso de los alcaldes catalanes con la política de vivienda es una realidad incontestable que pasa también por la definición de amplias reservas de vivienda protegida en los planeamientos, por la implicación directa en la promoción, por la cesión de suelo a promotores sociales y por la constitución de 80 oficinas de vivienda en el territorio.

En cuanto a la actuación directa de la Generalitat de Cataluña, el Incasol se ha propuesto contribuir a los objetivos con la promoción de más de 8.200 viviendas y la cesión a cooperativas y fundaciones de suelo para 4.700 viviendas más, así como con la compra de suelo no urbanizable para facilitar la promoción de más de 100.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas, en el próximo mandato. Gracias a este impulso, el Incasol inicia este trimestre nada menos que la construcción de 2.407 pisos. Es decir, en sólo tres meses se ponen las primeras piedras de más del doble de los alrededor de 1.050 pisos que el Incasol hacía cada año en el mandato anterior. Esto ha sido posible no sólo por una decisión política del Gobierno de la Generalitat, sino también por la firma de un centenar de convenios con los ayuntamientos que han puesto en nuestras manos suelo, destinado en su inmensa mayoría a la promoción en régimen de alquiler.

La prueba del nueve de este impulso la da el hecho de que la promoción privada está volviendo a este producto, consciente de que un sector de la demanda no queda satisfecho con la vivienda de precio libre y de que los nuevos pla-neamientos incluyen porcentajes de entre el 20% y el 50% de vivienda social. Lo mismo podemos decir de las sociedades creadas por las cajas de ahorros, que se unen a un tercer sector hasta ahora formado en exclusiva por el esfuerzo desinteresado de cooperativas sindicales, vecinales y sociales y por fundaciones, además de los promotores públicos.

Nuestros datos nos indican que ya está asegurada la promoción de más de 28.000 pisos, dos tercios de lo comprometido y, por tanto, podremos acabar el mandato con los deberes cumplidos y, lo que es más importante, con una tendencia creciente. Esto no sirve de consuelo a quienes por su edad necesitan emanciparse y no tienen acceso a la vivienda protegida. La respuesta es clara: quienes estábamos en la oposición respondemos ahora y en el futuro por nuestra gestión, no por la de quienes durante años despreciaron las políticas de suelo y de vivienda y dieron apoyo a las políticas de los gobiernos presididos por José María Aznar, consistentes en reducir la vivienda protegida a una actividad marginal.

Es una lástima que CiU quiera medir con pie de rey nuestros logros sin una necesaria autocrítica sobre la falta de ambición, de mecanismos y de financiación de su gestión y la de sus socios en el Gobierno español. Buena muestra de esta actitud es que el antiguo consejero responsable de la política de vivienda, Felip Puig, incluya en un artículo en este mismo diario del día 2 de enero una mención errónea a nuestra actuación en la que nos acusa de iniciar sólo 6.000 viviendas en dos años como muestra de la supuesta inexistencia de un giro social del Gobierno. En este caso, la realidad se mide, antes y ahora, con techos y paredes y con familias ocupándolos. El tiempo y su estadística nos están dando la razón.

Ricard Fernández Ontiveros es secretario de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat.