Dictamen infundado
La lectura detallada del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que recoge el rechazo de la OPA de Gas Natural sobre Endesa ratifica sobradamente la impresión de que los seis consejeros que se opusieron a la operación se guiaron más por el criterio de obediencia debida al Partido Popular que los nombró que por la invocada defensa de los consumidores o por supuestos criterios de economía competitiva. El dictamen de la mayoría, del que discrepan los votos particulares del presidente Luis Berenguer y los consejeros Pilar Sánchez y Antonio Castañeda, es una apoteosis de vaguedades y retórica desde el momento en que, tras declarar que los efectos de la OPA "alteran gravemente la dinámica competitiva existente en los mercados de gas y electricidad", descarta de un plumazo, sin exponerlas o criticarlas, las medidas que podían haber sugerido para restaurar esa dinámica. Primero se vota con el criterio de obediencia debida y después se buscan deprisa y corriendo los fundamentos del voto.
El dictamen de la mayoría llega a la conclusión tremendista de que la compra de Endesa por Gas Natural ocasionaría "daños irreversibles" al mercado energético imposibles de restaurar con medidas "razonables, realistas y proporcionales". Resulta difícil concebir una concentración empresarial en un mercado maduro, como el del gas y electricidad, con tan letales consecuencias. De hecho, la fusión de Endesa e Iberdrola -obedientemente aprobada por varios de los consejeros del TDC que ahora se han pronunciado en contra- recortaba la competencia en el mercado eléctrico de forma mucho más severa que la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Por tanto, la declaración de irreversibilidad no pasa de ser retórica de baja calidad. La suposición de que la compañía resultante podría establecer una especie de dictadura sobre los precios del gas debido a que se anula la competencia de Endesa con Gas Natural es un argumento pueril. Puesto que la presencia de Endesa en el mercado del gas no ha contribuido a reducir los precios para el consumidor -su cuota de mercado es irrelevante en relación a la de Gas Natural-, la presunción de que su desaparición contribuirá a elevarlos carece de sentido.
El fondo de la cuestión de competencia en esta OPA es que las condiciones que recomendó la Comisión Nacional de la Energía y las que adicionalmente sugirió la ponencia del TDC -la venta de Carboex, la empresa que transporta el gas de Endesa- bastan para garantizar un mercado energético competitivo; y que en la decisión del Gobierno deben pesar más los informes fundamentados -como los de la CNE- que la desmayada retórica del dictamen del TDC. Quienes desde el PP o Endesa insisten enfáticamente en que si el Gobierno aprueba la OPA debería hacerlo de forma "argumentada" olvidan que la recomendación con menos argumentos es precisamente la que ellos patrocinan.
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