Batasuna afirma que su ilegalidad sólo es un problema para el Gobierno

El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, dijo ayer que la ilegalización de su partido no constituye actualmente un problema para ellos sino para el Gobierno "español" porque va a tener que resolver esa situación "si quiere poner en marcha un proceso de diálogo y una mesa de partidos".

Barrena rechazó que la ilegalización haya conseguido impedir que Batasuna haya desarrollado una actividad política "de normalidad, organizada, con su dirección y estructuras y con iniciativa política", aunque reconoció que sí ha supuesto un freno y que en una situación de legalidad se trabajaría mejor.

Batasuna se encuentra inmerso en un proceso de debate interno cuyo acto final, la celebración del Congreso Nacional, está previsto que se celebre el próximo día 21 en el nuevo recinto ferial de propiedad mayoritariamente del Gobierno vasco, el Bilbao Exhibition Center (BEC).

Requerimiento del PP

El PP presentó ayer un requerimiento en el departamento de Interior para que el consejero, Javier Balza, prohíba de manera expresa la celebración de ese acto al tratarse de una organización ilegalizada.

El parlamentario del PP Carlos Urquijo dijo en Bilbao que Balza "está especialmente concernido" por esta iniciativa y puede incurrir en responsabilidades penales por denegación de auxilio si no impide la celebración del acto de la ilegalizada formación. La querella del Foro de Ermua contra Balza por la celebración en noviembre de 2004 del acto de Anoeta fue archivada precisamente por la ausencia de un requerimiento expreso y previo al consejero.

"Ahora va a existir y no podrá decir que no tiene conocimiento directo [de la celebración del acto], como se motivó en el archivo de la querella" presentada por el Foro de Ermua.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, María Salom, hizo extensiva la exigencia al PSOE, a cuyos responsables instó a que actúen para impedir que el Gobierno vasco ceda las instalaciones a Batasuna.

El departamento de Interior del Gobierno vasco respondió ayer a través de un comunicado que el PP "reincide en negar los derechos civiles de las personas que encuadran a la izquierda abertzale".

Para Interior, el PP "vuelve a quedarse solo respecto a las decisiones y resoluciones adoptadas en infinidad de ocasiones por la mayoría del Parlamento vasco". La consejería sostiene además que Interior aplicará las normas y los pronunciamientos judiciales "sin ceder a ningún tipo de presión externa, en este caso, la que ejerce el PP".