Un breve diciembre

La añoranza de las negociaciones celebradas al borde del abismo 1978-79 para salvar in extremis el consenso sobre los proyectos de la Constitución o de los Estatutos vasco y catalán tiene reservado un piadoso lugar en el altarcito de los recuerdos embellecidos de la transición. Pero la resistencia del presidente del Congreso a respaldar una cuarta prórroga -del 27 al 30 de diciembre- para la presentación de enmiendas a la propuesta estatutaria catalana por los grupos parlamentarios ha defraudado las expectativas de los portavoces que deseaban repetir aquellas hazañas; sin perjuicio de censurar a los populares su rígida negativa al aplazamiento, y tras proponer casi a la desesperada fórmulas alternativas de entendimiento (admitir enmiendas hasta el 29 de diciembre o el 1 de febrero) finalmente rechazadas, Manuel Marín hizo honor al compromiso verbal asumido por la Mesa del Congreso a comienzos de la legislatura de inadmitir una cuarta prórroga que no fuese solicitada por unanimidad. En cualquier caso, el procedimiento de pactar en el último minuto ambiguos o chapuceros compromisos dilatorios para salvar el consenso no merece figurar en ninguna hornacina sagrada; antes por el contrario, las cicatrices que afean a la Constitución de 1978 -sirvan de ejemplo buena parte del Título VIII y los artículos 2, 16 y 27- fueron causadas por algunas precipitadas operaciones de cirugía sin anestesia a cargo de enfermeros aficionados.

Si la justificada decisión del presidente del Congreso -miembro distinguido del PSOE- frustró las esperanzas depositadas por el portavoz parlamentario socialista sobre la taumatúrgica capacidad de la fracasada prórroga de tres días para engendrar el milagro de una enmienda conjunta de todos los grupos (excepción hecha del PP) a la propuesta original, el cambio de la estrategia parlamentaria del principal partido de la oposición cogió a sus adversarios con la guardia baja. Tras la incoada retirada al Aventino del PP, que rechazó hace dos meses la toma en consideración de la iniciativa del Parlamento catalán por el Congreso con el argumento de que no era sino una reforma encubierta de la Constitución, la repentina vuelta a casa del hijo pródigo con el cuchillo entre los dientes para presentar más de setenta enmiendas de supresión, modificación o adición al texto rescatado del infierno resta vigor a la eficaz coartada manejada por los dirigentes socialistas y nacionalistas en favor de un entendimiento de mínimos: el común temor a las repercusiones del desestabilizador boicoteo por los populares de la tramitación parlamentaria del Estatuto como cuestión de principios.

En cualquier caso, la hipótesis según la cual la frustrada prórroga hasta el 30 de diciembre del plazo de presentación de enmiendas hubiese permitido un entendimiento satisfactorio y definitivo de los cuatro partidos catalanes con el Gobierno y el PSOE ofrece demasiados flancos débiles. Las supuestas analogías entre la actual negociación y el clima constitucional y estatutario de los setenta resultan inexistentes. No sólo la inminente entrada en vigor de la ley seca contra el tabaco habría evaporado la imagen de los despachos llenos de humo que los historiadores asocian con la transición a la democracia. Aunque resulte imposible refutar una conjetura desvanecida antes de tener la oportunidad de materializarse, no hay argumentos concluyentes para sentenciar que la prórroga de tres días del plazo de vencimiento y la habilidad prestidigitadora de los interlocutores para jugar con las palabras y las cifras hubiesen producido el efecto mágico de conciliar pacíficamente las posiciones del Gobierno y los cuatro partidos catalanes, todavía muy separadas en materias simbólicas, competenciales y financieras.

Si bien la reunión celebrada por el PSOE y los cuatro partidos catalanes el pasado jueves logró alcanzar -fuera de la ventanilla- modestos acuerdos parciales, las dificultades para aproximar en pocas horas posturas globales que se han resistido durante casi tres meses al acercamiento son evidentes. Sería deseable, en cualquier caso, que la eventual maduración de ese aconsejable entendimiento no se produjese en la penumbra de las negociaciones secretas sino a la luz de los debates que la Comisión Constitucional del Congreso iniciará el próximo febrero.