Admitida la querella contra 4 altos cargos de Adigsa en la época de CiU

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Gonzalo de Dios, ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal contra ocho personas, cuatro de ellas directivos de la empresa de la Generalitat Adigsa en la época de CiU. El juez les ha citado a declarar como imputados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.

Del mismo modo, el juez ha citado a declarar a varias personas en calidad de testigos. Las comparecencias se iniciarán dentro de unos días. Los supuestos delitos que imputa el fiscal pudieron cometerse al abonarse comisiones de hasta el 20% en la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación en algunas viviendas de Adigsa entre 2002 y 2004. Otra parte de la querella, que firma el fiscal Emilio Sánchez Ulled, se refiere a la sobrevaloración que se hizo de algunas viviendas que fueron compradas por Adigsa para ofertarlas a los jóvenes en régimen de alquiler, aunque la llegada del tripartito a la Generalitat frustró parte de esa operación.

La querella es la culminación de la investigación que abrió el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, después de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuara en un debate parlamentario celebrado el pasado mes de febrero que en la época de CiU se abonaban comisiones del 3% en la adjudicación de obras. Sin embargo, la querella de la fiscalía no alude para nada a ese porcentaje ni a aquellas manifestaciones del presidente catalán, que desencadenaron en febrero del año pasado una tormenta política.

Con las declaración ante el juez de los imputados y los testigos se pone en marcha la investigación judicial de la causa y será a partir de entonces cuando las partes personadas en el proceso podrán solicitar nuevas diligencias. Hasta ahora, la única parte personada en el caso es la fiscalía. Los actuales gestores de Adigsa, que pertenecen a la formación ecosocialista Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), no han decidido todavía si comparecerán en el proceso como perjudicados o como acusación particular, y no lo harán hasta estudiar el contenido de la decisión judicial, según explicaron ayer fuentes de Adigsa.

Entre los querellados figura Ferran Falcó, presidente de Adigsa entre 2002 y 2004, y jefe de gabinete del Departamento de Política Territorial y Medio Ambiente de la Generalitat cuando el consejero fue Felip Puig, actual portavoz de CiU en el Parlament. Puig defendió la gestión de los altos cargos de Adigsa cuando trascendió la querella de la fiscalía y aseguró que no tenía nada que ver con "tramas de financiación ilegal".

Militantes y parientes

Otro de los querellados es Josep Antoni Fondevila, consejero delegado de Adigsa en aquella época y militante de CDC como Falcó. Los otros son Jordi Huguet y Xavier Sala, director del área técnica y jefe del departamento de adquisiciones de Adigsa, respectivamente; además del intermediario Josep Maria Penín, ex empleado de Adigsa y pariente lejano de Puig; Jordi Honrubia, cuñado de Penín y quien creó una sociedad con el único fin de facturar a Adigsa, así como Antonio Salguero y Angel Egido, que realizaron diversas obras para Adigsa.

Durante la investigación del fiscal, Salguero prestó declaración y aportó documentos que probaban las supuestas irregularidades, aunque la base de la querella del fiscal son los centenares de páginas que aportaron el actual secretario de vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, y el consejero delegado de Adigsa, Miquel Bonilla.

Por otra parte, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha revelado que en la adjudicación de obras entre 1995 y 2000 era práctica habitual el fraccionamiento de los contratos para poder adjudicarlos a dedo, según aseguró ayer la cadena SER. El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, exigió ayer a Puig una "explicación inmediata".