El Gobierno encarga un informe jurídico sobre la aplicación de la ley antitabaco

El Gobierno vasco ha encargado a sus servicios jurídicos que elabore un informe para clarificar a qué departamentos e instituciones atañe la aplicación de la ley antitabaco, que entró en vigor el domingo, y quién es competente en la aplicación de las sanciones que establece el texto. La directora de Drogodependencias, Belén Bilbao, declaró ayer a este periódico: "La ley hay que desarrollarla. Existen multitud de instituciones y departamentos implicados", desde Sanidad a Consumo, Drogodependencias o los servicios de inspección, entre otras muchas, y la nueva normativa "no deja nada claro las competencias de cada uno". A ello hay que sumar que ya existe una normativa autonómica anterior, la ley de Drogodependencias, y se hace necesario "acomodar las dos legislaciones".

Bilbao pone un ejemplo. En caso de una falta grave, ambas leyes establecen que la institución sancionadora será el Gobierno vasco; ante una leve, sin embargo, no queda claro. La ley de Drogodependencias otorga la potestad a la Administración local; la antitabaco, en cambio, no lo especifica.

La responsable de Drogodependencias anunció el encargo del citado informe en el primer día laborable de la aplicación de la nueva ley, que prohíbe fumar en los lugares de trabajo, obliga a los dueños de los establecimientos hosteleros de menos de cien metros cuadrados a decidir si su local es o no un lugar libre de humos y a los de mayores dimensiones a establecer en un máximo de ocho meses zonas para fumadores y no fumadores. "Necesitaremos todos un poco de tiempo para acostumbrarnos a una nueva norma que cambia los usos y costumbres de este país", afirmó Bilbao.

Ayer no se registraron excesivas concentraciones de fumadores ante los centros de trabajo. La mayor inquietud se dio en los empresarios, que efectuaron numerosas consultas a sus organizaciones provinciales. La patronal Confebask lamentó que la ley coloca a los empresarios en el papel de "policías" con la amenaza de una sanción "mucho más grande" que al trabajador que infrinja la prohibición de fumar."Para un trabajador, la multa puede ser de hasta 30 euros, pero la empresa puede pagar hasta 10.000", recordó Virginia Mujika, miembro del Departamento de Relaciones Laborales de Confebask. Las consultas de sus asociados se centraron en la forma de señalizar la prohibición de fumar en los centros de trabajo y en cómo se obliga a su cumplimiento. "Lo que les hemos trasladado es que la ley no deja margen y la tolerancia debe ser cero", añadió. Las patronales recomendaron a sus asociados que dicten instrucciones claras sobre la prohibición, informen a sus empleados y establezcan "mecanismos de colaboración" con los trabajadores. "Si después de todo esto, hay alguien que la incumple, no queda más remedio que la sanción disciplinaria", resumió Mujika.

Confebask espera participar en el desarrollo reglamentario de la nueva norma, que corresponde al Gobierno vasco, aunque admite el mínimo margen existente. "Sólo se podrá actuar en definir qué es un espacio libre y cómo deben ser los carteles de prohibición. No hay más margen", lamenta la patronal, que defiende la existencia de salas de fumadores en los centros de trabajo, algo que la nueva normativa impide.

El 95% de los bares y restaurantes de menos de cien metros cuadrados ya han colocado carteles para permitir fumar, según los datos que ofreció Ángel Gago, secretario general de la Federación de Hostelería. "Hay otro 5% con problemas de compartimentación o bien porque están en galerías comerciales o en centros de administraciones y hay que estudiar su caso con la ley en la mano". Los hosteleros no han realizado encuestas entre sus clientes. "Lo hemos decidido a ojo de buen cubero", explican en el bar Alustiza, en pleno centro de San Sebastián. Es el mismo termómetro que han empleado también la mayoría de los bares de la Parte Vieja y de otros barrios de la capital donostiarra. "Nuestra clientela viene a tomarse su vinito, con su pincho y su cigarrito. Prohibirlo sería un suicidio empresarial, porque, además, los no fumadores están acostumbrados y son tolerantes; entre tomarse un café solos o en compañía" de un adicto al tabaco "optan siempre por esta última opción", afirma otro hostelero.

Demanda de información

En la Federación de Hostelería del País Vasco no dejó de sonar el teléfono en todo el día. Muchas llamadas demandaban información sobre la aplicación de la ley; otras, en cambio, casi eran solicitudes de apoyo psicológico. "La gente está histérica. Unos te dicen que los clientes les amenazan con no volver porque no se les permite fumar; otros lloran porque comparten espacio con otra actividad, sólo les cabe la posibilidad de prohibir el tabaco y están perdiendo clientes".

Los hosteleros no eran los únicos descontentos. Una estanquera bilbaína calificaba la ley de "vergonzosa" aunque a media mañana no había notado ninguna merma en sus ventas habituales. En sólo dos minutos, cinco clientes entraron a comprar cigarrillos.

En grandes empresas como Telefónica la jornada transcurrió con normalidad. Un portavoz de la compañía, con 1.100 empleados en Euskadi, señaló que los carteles de prohibición ya estaban colocados y "la gente no fuma. No ha habido ninguna incidencia". La eléctrica Iberdrola tampoco vivió nada reseñable. "Hace dos años implantamos un programa de sensibilización, que lo pagamos a medias entre los trabajadores y la empresa", dijo un portavoz.

En Tuboplanat, una de las empresas emblemáticas de Álava, los empleados no pueden ni salir a fumar al exterior del recinto empresarial, informa Txema G. Crespo. A alguno de sus 450 trabajadores les puede ayudar trabajar cerca de Javier Liria. Este joven dejó de fumar hace más de un año, pero todavía conserva los parches de nicotina para aliviar su adicción y que nunca tuvo que llegar a utilizar.

Los que habían trabajado por la mañana sobrellevaron, peor que mal, el rigor de la nueva ley. "Quizás también porque basta que se prohíba algo para que tengamos en cuenta en mayor medida la ausencia de lo prohibido", explicó una de las empleadas.

CC OO consideró que "sería sorprendente" que la autoridad laboral actuase con firmeza con esta ley mientras se incumple "descaradamente" la normativa de prevención de otros riesgos. UGT opinó que la aplicación de la normativa conllevará problemas de "organización de los tiempos de trabajo" con quienes no fuman.