El Tribunal de Cuentas censura la gestión del PP en inmigración

Una investigación de la tasa por expedición de permisos de residencia y trabajo a extranjeros en 2002, presentada la semana pasada ante la Comisión del Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados, ha revelado numerosas irregularidades en la gestión de la inmigración durante la etapa en que ésta estuvo a cargo del actual líder del PP, Mariano Rajoy, y de su sucesor al frente del Ministerio del Interior, Ángel Acebes.

El desbarajuste era tal que el Tribunal de Cuentas reconoce no haber podido comprobar "la corrección de los importes aplicados al presupuesto de ingresos del Estado", "la conciliación de los datos de recaudación facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria", "si se practican o no todas las liquidaciones procedentes", "el importe de las tasas liquidadas", "el importe de las tasas recaudadas", "la cifra de deudores" o "el importe de las tasas que debieron tramitarse en vía ejecutiva".

Una de las claves del desastre fue el mal funcionamiento de las oficinas de extranjería, creadas por el Ministerio del Interior para unificar en cada provincia los servicios con competencia en materia de inmigración que dependían de otros órganos de la Administración del Estado. "Su grado de eficacia en la resolución de las solicitudes de permisos de trabajo es escaso en la mayor parte de las oficinas visitadas", certifica el Tribunal.

El informe registra los tiempos máximos acumulados por seis de esas oficinas en resolver permisos de residencia y trabajo iniciales: nada menos que 53,3 meses en Barcelona, 37 meses en Zaragoza, 30 meses en Baleares, 26,6 meses en Madrid 14,1 meses en Sevilla y 14 meses en Toledo.

Una comprobación de 365 expedientes reveló que en 336 de ellos (el 92%) "no hay constancia de la resolución de concesión del permiso"; en dos, "se concedieron indebidamente permisos renovados"; en otros dos, "las resoluciones de concesión tienen fecha anterior a las correspondientes solicitudes"...

Un repaso al control interno ejercido por la Administración abunda en las críticas. El Tribunal de Cuentas denuncia que "las oficinas periféricas carecen de instrucciones suficientes y de manuales de procedimiento para la gestión de la tasa. (...) Cada unidad gestora resuelve según sus propios medios y criterios las cuestiones procedimentales que se le plantean". "(...) No se realiza ningún tipo de actuación tendente a intentar de nuevo la notificación de las cartas devueltas por Correos". "(...) Los expedientes de una misma oficina se encuentran dispersos en distintas dependencias". "(...) En numerosas ocasiones los expedientes se encuentran incompletos". Se han detectado casos "en que las tarjetas [de residencia] se habían entregado sin acreditar el pago de la tasa". "Las oficinas desconocen en muchas ocasiones el número e importe de las liquidaciones impagadas"...

El representante del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, Antonio Hernando, declaró: "Lo que nos ha enunciado el presidente del Tribunal de Cuentas es un auténtico caos que roza la ilegalidad. Imaginemos que la renovación del DNI, que es un documento equivalente, tardásemos 15 meses en resolverla".