La regularización ya ha convertido en cotizantes a 550.000 inmigrantes
Casi la mitad son ecuatorianos, rumanos y marroquíes que residen en Madrid y Cataluña
El Ministerio de Trabajo ya ha resuelto 688.139 de las 691.655 solicitudes presentadas al proceso de normalización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno abrió entre febrero y mayo pasados. De ellas, 548.720 ya han culminado con la correspondiente alta en la Seguridad Social. Casi la mitad de los nuevos cotizantes al erario público (241.123) viven en Madrid y en Cataluña. La mayoría son ecuatorianos (122.414), rumanos (95.830) y marroquíes (64.477).
El número de altas es provisional, debido a que el ministerio aún tiene que resolver 3.156 expedientes y recursos, y también porque, desde el momento en que reciben la resolución positiva de la Administración, los empleadores disponen de un mes para inscribir a sus trabajadores en la Seguridad Social.
Las altas que se han producido hasta ahora suponen unos ingresos de al menos 120 millones de euros más al mes para las arcas del Estado, en concepto de cotizaciones. A esa cantidad hay que sumar otros 85 millones de euros que ya han abonado en tasas los empresarios y los inmigrantes que han formalizado sus contratos.
La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor número de altas (130.547), seguida de Cataluña (110.576) y Comunidad Valenciana (81.566). En los últimos lugares de la lista figuran Ceuta (28 altas) y Melilla (77). La mayoría (el 60,39%) corresponde a inmigrantes de entre 25 y 39 años. El 55,86% son hombres y el 44,13%, mujeres. Sólo en Galicia, Asturias y el País Vasco las mujeres superan a los hombres.
El 33,4% de los contratos firmados por los inmigrantes corresponden al servicio de hogar. La construcción da trabajo al 20,4% de los regularizados, la agricultura al 14,1% y la hostelería al 9,8%.
El proceso de normalización de inmigrantes que residían en España de forma irregular pero disponían de un contrato y carecían de antecedentes penales fue diseñado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar salida al millón de sin papeles que dejó en herencia el PP y, al tiempo, combatir la economía sumergida.
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