Espectáculo

Si no he entendido mal, la defensa de los estatutos de autonomía y de su actual reforma se resume en dos premisas. La primera es que resulta más eficaz que el poder esté cerca del lugar en el que se ejerce, ya que de ese modo los gobernantes tienen un conocimiento más profundo y detallado de los problemas y de las necesidades de la región. La segunda es que cuantas más competencias tenga una comunidad autónoma, más posibilidades hay de decisión y por lo tanto más progreso, más bienestar para los ciudadanos.

Empecemos por la primera. La cercanía del poder no siempre es garantía de eficacia. A veces sucede lo contrario. Cuanto más cerca está el poder del lugar en el que se ejerce, más posibilidades hay de corrupción. La ofensiva del ladrillo en nuestras costas, sobre la que nos alerta la lejana Bruselas, es un buen ejemplo. Tan bueno, que la propia Junta de Andalucía ha decidido tomar cartas en el asunto y retirar, es decir, alejar del municipio de Marbella las competencias de urbanismo. Cuanto más lejos de allí se tomen las decisiones, más seguridad tendremos de que no hay interferencias mafiosas ni intereses espurios. Se me dirá: pero es que ha sido un gobierno regional, cercano a los problemas, el que ha detectado las irregularidades marbellíes y el que las ha corregido gracias a las competencias que le otorga su estatuto. Cierto. Pero también es cierto que gracias a las competencias que le otorga a la Comunidad Valenciana su estatuto de autonomía aquella gente se está cargando una parte del Mediterráneo.

No es la existencia o inexistencia de estatuto de autonomía ni la reforma o contrarreforma del mismo lo que garantiza el progreso de una región y frena las chorizadas, sino la voluntad política de quien gobierna desde el centro o desde la periferia. Ciertamente es preferible el conocimiento in situ de los problemas; pero eso no justifica la hipertrofia burocrática del Estado de las Autonomías. Como digo, no parece que la lejana Bruselas esté precisamente mal informada.

Y de esta primera premisa se deriva la segunda falacia: que una competencia equis siempre estará mejor en manos de la comunidad autónoma que en manos del Estado central. Algo que si fuera cierto hubiera colocado nuestro sistema de enseñanza pública a la cabeza, y no a la cola, de los países europeos. Me pregunto si esto se hubiera podido remediar en parte desviando hacia la Educación las escandalosas cantidades de dinero que los Gobiernos autónomos, incluida la Junta, destinan a la información del ciudadano, llamada también autobombo.

La mejora de la enseñanza pública tampoco depende de la cantidad de autonomía que se tenga, sino, otra vez, de la voluntad política, se encuentre ésta en el centro o en la periferia. El problema es otro: la mejora de la educación requiere inversiones a largo plazo, y nuestros políticos tienen extirpada la capacidad de pensar en periodos superiores a cuatro años.

Ahora, eso sí, gracias a nuestro estatuto la Junta se ha adelantado por unas horas -¡uuuuy!- al Ministerio y acaba de aprobar la ley de clonación terapeútica. Otra cosa no, pero espectáculo los estatutos sí que dan.