De la duda del PP al aplauso en ERC

El Partido Popular se quejó ayer de que el Gobierno no se haya puesto en contacto con ese partido ni con las comunidades donde los populares gobiernan, para negociar la nueva ley de dependencia. Ana Pastor, secretaria de Asuntos Sociales del PP, esperará unos días para ver si el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, contacta con ella y, si no, le llamará para decirle que "el PP es un partido que representa a 10 millones de votantes y que quizá podría aportar algo".

Pastor mantuvo ayer que lo relevante de la nueva ley es cómo contesta a las preguntas: "¿Habrá prestaciones nuevas? ¿A quiénes beneficiará? ¿Con qué fondos se pagarán esas ayudas? ¿Quiénes correrán con los nuevos gastos? ¿Qué facilidades se darán a las personas con menos recursos económicos?". Según Pastor, en España hay "más de tres millones de personas dependientes", que son atendidas por las comunidades autónomas y conviene marcar "una cartera de prestaciones básicas" iguales para todas.

Para el portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardà, este proyecto de ley significa "el icono del cambio de izquierdas que se produjo tras las elecciones del 14 de marzo". Tardà considera esta ley "un pilar esencial para la consolidación del estado del bienestar". IU-ICV valora el anteproyecto (aplaudido por el PSOE), pero espera que le acompañe una memoria económica que "sea más precisa en la cuantía prometida". Y CiU pidió que se incluya como beneficiarios también a niños menores de tres años.

Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, destacaron la "mejora" que supondrá el proyecto para el bienestar de muchos dependientes y sus familias así como para facilitar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública puso algunas pegas al proyecto: preferirían que, en lugar de pagar salarios a los cuidadores, se creen empleos con personal capacitado y que las familias puedan liberarse de esa carga de trabajo y tener tiempo libre. Aunque esta federación mantiene algunas críticas, considera que la ley es "un importante paso adelante". La Confederación Española de Organizaciones de Mayores pide al gobierno que acelere la tramitación de la ley.