La Xunta publicará en Internet el proceso de sus concursos públicos

La Xunta de Galicia será la primera Administración española que ponga a disposición de los ciudadanos, a través de Internet, el seguimiento del proceso completo de sus concursos de obras y servicios, así como de los convenios suscritos con entidades privadas. El Gobierno autónomo divulgará en sus páginas web las ofertas presentadas por las empresas que opten a contratos públicos, las valoraciones que de ellas realicen los técnicos de la Administración y las resoluciones que justifiquen cada adjudicación. Ésta es la medida más novedosa de la Ley de Transparencia que el Gobierno bipartito gallego aprobará en los próximos días.

El proyecto de ley ha sido elaborado por la Consejería de Presidencia de la Xunta de Galicia, que dirige el socialista José Luis Méndez Romeu, y sus términos ya están pactados entre las dos fuerzas políticas coligadas en el Ejecutivo autónomo, el PSdeG-PSOE y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

El Gobierno autónomo pretende aprobarlo la próxima semana, en su último consejo del año, aunque Méndez Romeu explicó que podría retrasarse algunos días más ya que se está estudiando su compatibilidad con el nuevo Estatuto de la Función Pública que acaba de presentar el Ejecutivo central.

El proyecto legislativo, el primero que aprobará el Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño, al margen de los Presupuestos para 2006, es uno de los compromisos del programa conjunto que socialistas y nacionalistas firmaron hace cuatro meses y medio como parte de una serie de medidas para la "regeneración democrática". A continuación, se detallan algunos de los aspectos más novedosos de la futura ley.

- Transparencia en los contratos. En la página web de cada consejería se dará cuenta de todas las licitaciones públicas y del proceso subsiguiente hasta su resolución: se divulgará un resumen de las ofertas presentadas, un cuadro comparativo de su cuantía económica, las puntuaciones que reciben las propuestas en la mesa de contratación, las valoraciones técnicas de cada una de ellas y el adjudicatario final.

Se establece que el precio de una oferta debe contar un mínimo del 50% en los criterios de puntuación de los concursos. La Xunta también se compromete a informar de las posibles modificaciones posteriores en los contratos y los nombres de las empresas que sean subcontratadas por el adjudicatario.

- Convenios económicos. Las consejerías divulgarán a través de Internet una "lista actualizada" de sus convenios administrativos, con la cuantía económica que le corresponda y la identidad de sus beneficiarios. Los departamentos no podrán suscribir convenios con más de un año de vigencia o un presupuesto superior a 150.000 euros sin autorización previa del Consejo de Gobierno. En las consejerías se creará además un registro central de convenios que tendrá un apartado específico para los suscritos con medios de comunicación.

- Ayudas. Entre los compromisos programáticos de socialistas y nacionalistas figura la elaboración de una ley de subvenciones, que se ha anunciado para el primer semestre del próximo año. La Ley de Transparencia ya se anticipa con algunas disposiciones para facilitar el conocimiento público de las ayudas administrativas, aunque en este caso no se impone la obligatoriedad de difundirlas en Internet. El proyecto establece que las consejerías deberán establecer una programación previa de las ayudas previstas para cada ejercicio presupuestario. Las resoluciones de las convocatorias "se publicarán inmediatamente", según el borrador de la ley.

- Actividades y bienes de los altos cargos. La futura ley gallega incorpora medidas para facilitar el conocimiento del patrimonio de los miembros del Gobierno similares a las que ya están vigentes en Andalucía. En la página web de la Xunta de Galicia se divulgarán las retribuciones y la declaración de actividades de los altos cargos. Los consejeros también deberán incluir un registro de sus bienes. Se prohíbe a funcionarios y cargos administrativos recibir ningún "regalo, donación o invitaciones que sobrepasen el nivel de cortesía social comúnmente aceptado" y facilitar a los partidos políticos información que no sea de conocimiento público. Como ya se aprobó en su día para los miembros del Gobierno central, los consejeros gallegos no tendrán más tratamiento que el de señora o señor.

- La relación con los ciudadanos. Otro de los aspectos más novedosos del proyecto es que exime a los ciudadanos de presentar ante la Xunta cualquier documento que ya hayan entregado en los cinco años anteriores. La redacción definitiva de esta disposición, que tampoco tiene precedentes en las Administraciones españolas, está aún sometida a estudio. En las comunicaciones de actos administrativos que se remitan a los ciudadanos se hará constar el nombre y apellidos del funcionario que lo ha tramitado y una dirección de correo electrónico a la que se puedan dirigir consultas.

Las consejerías deberán tener disponible en sus páginas web la información sobre los trámites para cada procedimiento. Habrá un registro telemático general para consignar todas las solicitudes que hagan llegar los ciudadanos a través de la red. Cada departamento de la Xunta también se compromete a informar por Internet de las "disposiciones administrativas de carácter general" que esté preparando para permitir que personas o entidades privadas hagan llegar sus sugerencias al respecto.