¿Europa no nos quiere?

El pasado 13 de diciembre, el pleno del Parlamento Europeo aprobó un informe que supone un varapalo en toda regla a los responsables del urbanismo valenciano. La reacción del Consell no se hizo esperar: se trata de un informe no vinculante, y todas las recomendaciones están ya recogidas en la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que resolverá todos los problemas.

La Comisión Europea dio un paso más en el procedimiento de infracción iniciado como consecuencia de la denuncia que presentamos desde Abusos Urbanísticos ¡No! (AUN) contra la LRAU por violación de las directivas europeas sobre contratos públicos. La Comisión Europea exigía la modificación del proyecto de LUV en un plazo excepcionalmente breve (sólo tres semanas, cuando lo habitual es dar dos meses) puesto que la sucesora de la LRAU tampoco respeta las directivas comunitarias en la materia. Es decir: ahora sí se trata de un acto jurídico vinculante, que puede desembocar en una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo.

Al Consell lo han enfrentado a sus propias contradicciones y le han dicho alto y claro que está infringiendo la legalidad europea. Como valencianos, dejamos constancia de nuestra decepción ante la forma como nuestro gobierno autónomo ha encajado la dura realidad.

Empecemos por el consejero de Territorio y Vivienda. Según el señor Blasco, se trata de un bofetón a Zapatero y a Moratinos, ya que el procedimiento de infracción va dirigido al Reino de España. Siguiendo esta lógica disparatada, cabe preguntarse por qué Blasco no le echa también la culpa al Rey, puesto que a quien se ataca es al "Reino de España". Sin embargo, la realidad es tozuda, además de muy simple: la Comisión se dirige a los estados (es decir, al Reino de España), sin entrar en el reparto de competencias en el interior de ese estado. En otras palabras: el urbanismo es competencia de la Generalitat, y ella es la responsable de la infracción. Además, por si a alguien le queda alguna duda, léase el artículo 29.13 LRAU (y el correspondiente de su sucesora, la LUV), que consagra la primacía de la legislación valenciana sobre la española y la comunitaria, y dice textualmente que los PAI se rigen por la LRAU (o la LUV), y sólo de forma subsidiaria por la legislación nacional sobre contratación pública. Así que no intenten marear la perdiz: la infracción se ha cometido en la Comunidad, y sólo a ella corresponde remediarla.

A continuación, el portavoz de la Generalitat recurre a un supuesto contubernio de extranjeros para desprestigiar a la Comunidad Valenciana y desviar las inversiones de los fondos de pensiones a otros países. Parecen historias de otra época; pero no, están ocurriendo ahora. E insisten con la cantinela de los extranjeros. ¿Hasta cuándo? Las víctimas de los abusos urbanísticos, nacidos o no en esta Comunidad, han sufrido los efectos perversos de una ley, y lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que no se les ha hecho caso hasta que han intervenido las instituciones europeas y se ha hecho la luz sobre situaciones escandalosas, incompatibles con el funcionamiento normal de un Estado de Derecho. ¿Qué querían, que las personas que pierden su casa, su terreno y su patrimonio, vayan mansamente al matadero y canten las virtudes del desarrollismo urbanístico valenciano? Un poco de seriedad, señores, que hace ya tres años un buen número de embajadores escribieron al entonces presidente Aznar y se entrevistaron con el entonces presidente Olivas. Aún recordamos las promesas de reforma del consejero García Antón. El año pasado fueron diecisiete los embajadores que protestaron, después de un primer informe demoledor del Parlamento Europeo. Y no se ha hecho nada. Bueno, sí, se han presentado más y más PAI para cubrir de cemento hasta el último palmo de terreno con el que se pudiera hacer dinero fácil. La LRAU, la connivencia de ayuntamientos y urbanizadores (Síndic de Greuges dixit) y la indiferencia de los responsables políticos, eso es lo que ha mancillado el nombre de la Comunidad Valenciana. Ha llegado la hora de asumir responsabilidades. Por cierto, flaco favor hace a la Comunidad Valenciana que el secretario general de los promotores vaya diciendo por ahí que "Svoboda no es inocente". Y flaco favor hace al propio colectivo de promotores. ¿Por qué se da por aludido el señor Muñoz? Las denuncias sólo se dirigen contra los que han cometido los abusos urbanísticos y se han beneficiado de ellos, no contra ningún colectivo.

Y para terminar, el presidente Camps dice que quiere ir a explicar su política urbanística al Parlamento Europeo. ¿Y por qué no se la explica a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana? ¿Por qué no va a Rabassa (Alicante) y se lo cuenta a los afectados, entre los que hay un buen número de militantes de su propio partido? ¿Por qué no organiza reuniones con las víctimas, como las que organizó el Parlamento Europeo en las dos ocasiones en que envió misiones investigadoras? ¿Quiere hacernos creer que no lo han escuchado? Dejemos clara una cosa: la Generalitat Valenciana se ha hecho oír ante el Parlamento Europeo cada vez que lo ha deseado. Las misiones investigadoras se entrevistaron con el Presidente Camps y con las personas que él designó, y representantes del Consell han intervenido ante el Comité de Peticiones en repetidas ocasiones. En 2004 dijeron que el Tribunal Constitucional había respaldado la constitucionalidad de la LRAU, algo que es falso de toda falsedad. Y en 2005 han ido a explicar a los eurodiputados que todo era culpa de "los otros", y que ellos lo iban a solucionar todo con su nueva ley. Claro que, considerando que "los otros" dejaron el gobierno valenciano en 1995, y diez años de gobierno dan para reformar las leyes que se quiera cuantas veces se quiera, no es de extrañar que la Generalitat no haya convencido a nadie, y que la inmensa mayoría de los eurodiputados le hayan dado la espalda.

Y ahora, ¿qué? Ya veremos lo que nos depara la tramitación parlamentaria de la LUV, pero a la vista de los antecedentes que hemos mencionado, tenemos pocas razones para la esperanza. Mientras tanto, siguen su marcha las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. ¿Saben lo que pasará si ese Tribunal condena a España por las violaciones de los derechos fundamentales perpetradas en la Comunidad Valenciana? Que las indemnizaciones las tendremos que pagar todos los ciudadanos del Estado Español. Así que, cuando oigan hablar del urbanismo valenciano, no piensen que eso no va con ustedes. ¿Que no nos creen? Tampoco nos creía nadie cuando anunciamos que denunciábamos en Bruselas la LRAU por violar las normas europeas de contratos públicos, y aquí estamos. Defendiendo la legalidad, el medio ambiente y los derechos fundamentales. El daño a la imagen de la Comunidad Valenciana se ha estado haciendo durante los años en que se han permitido los que el consejero Blasco llama "efectos perversos" de la LRAU, y sólo se corregirá cuando se proteja de verdad el medio ambiente, se ataque de verdad la corrupción, se promueva de verdad un desarrollo sostenible, y se establezca de verdad un marco jurídico que respete los derechos de los ciudadanos.

Charles Svoboda y Enrique Climent son portavoces de Abusos Urbanísticos ¡No! (AUN)