Más de un tercio de los contratos registrados en las oficinas de empleo son ilegales, según UGT

El 36% de los contratos laborales registrados en las Oficinas de Trabajo de la Generalitat (OTG) son "ilegales", según un estudio presentado ayer por los jóvenes del sindicato UGT de Cataluña (Avalot). En estos contratos no figura el salario ni el convenio colectivo de aplicación, y el espacio para explicar el motivo de la contratación se encuentra en blanco. Fuentes de los Servicios de Ocupación de Cataluña (SOC) alegaron que su única obligación es registrar los contratos recibidos, y "no detectar las irregularidades contractuales". Avalot pidió al Gobierno catalán que refuerce las OTG con un experto que vele por el cumplimiento de la ley.

Para obtener estas conclusiones, Avalot examinó durante el pasado mes 1.500 contratos laborales registrados en las OTG de Barcelona, Girona y Tarragona, explicó ayer su portavoz, Óscar Riu. Fuentes del Trabajo e Industria informaron a través de un comunicado de que el SOC ha recibido casi 2,5 millones de contratos en los últimos 12 meses.

De los contratos analizados, en el 70% no se especifica el sueldo que percibirá por el trabajador y en el 24% no se indica a qué convenio colectivo se acoge. Aunque deberían figurar en el contrato, la ley sólo obliga a que se especifique, por lo menos, uno de estos dos datos. Según el estudio de Avalot, esta "irregularidad" aparece en el 18% de los casos, en los que no se rellena ni un apartado ni el otro. Además, en otro 18% de los casos, en el contrato no se hace referencia al motivo de la contratación, omisión se considera fraude de ley en el Estatuto de los Trabajadores, regulado por el Gobierno central.

El estudio de Avalot también revela que casi nueve de cada 10 contratos registrados en las OTG son temporales. La duración media de estos acuerdos laborales es de tres meses, apuntó Riu. A su juicio, tanto las irregularidades constatadas como la temporalidad de la mayoría de los contratos son "de lo más preocupantes" e "ilógicas".

"Mala fe" empresarial

El portavoz de Avalot explicó que "igual que los convenios colectivos pasan controles de calidad", los contratos de empleo "deberían estar sujetos al mismo grado de control por parte de los gobiernos". Pero Riu no achacó la responsabilidad a las administraciones públicas. A su juicio, "la causa de estas irregularidades se debe a ciertos empresarios que obran con mala fe", aprovechándose de "la gran desinformación existente en todos los sectores", sobre todo en el de servicios, en el que se registraron el 31% de las irregularidades, y entre la gente más joven.

Avalot pidió al Gobierno catalán que aumente los recursos destinados a las OTG, de modo que dispongan de personal que se dedique exclusivamente al control legal de la contratación. También hizo un llamamiento a los trabajadores para que denuncien los fraudes de ley que se den en sus contratos. El Departamento de Trabajo e Industria, en el que se encuentra el Servicio de Ocupación de Cataluña, recordó que la labor de este organismo es "registrar los contratos laborales" y afirmó que "no tiene ni ha tenido nunca la competencia sobre el control de la legalidad de estas comunicaciones".

Según la ordenanza laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, así como en otras leyes estatales, se recoge que es la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, en colaboración con el Gobierno catalán, la que vela por el cumplimiento de la legalidad de los contratos, según fuentes del departamento. Por ello, "el SOC no tiene nada que decir frente a estas irregularidades", apuntaron las mismas fuentes, que invitaron a UGT a "denunciar los contratos ante la Inspección de Trabajo".