La investigación de la Comisión Europea sigue adelante
La investigación abierta el pasado verano por la Comisión Europea al gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, por los obstáculos puestos al BBVA y al banco holandés ABN Amro, en su intento de compra de dos bancos italianos sigue en marcha y ha sido determinante para forzar la dimisión de la máxima autoridad monetaria italiana.
El solo hecho de la puesta en marcha del procedimiento por parte de Ejecutivo comunitario significó un serio deterioro del prestigio del gobernador por tratarse de una medida sin precedentes por parte de los vigilantes de Bruselas. Aunque el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, responsable de las actuaciones comunitarias siempre hacían referencia a Italia o a su Banco Central, los medios políticos y financieros siempre interpretaron que lo que se estaba juzgando era la actuación del gobernador Antonio Fazio.
McCreevy consideró que el gobernador había obstaculizado tanto al intento frustrado de compra del BNL por parte del BBVA como del Antonveneta por parte de banco holandés ABN Amro, que a pesar de las trabas se pudo realizar finalmente. Con el propósito de defender "la italianidad" del sistema bancario italiano e impedir la entrada de entidades extranjeras, Fazio puso como condición que los compradores debían lanzar una OPA por más del 50% del capital.
Conversaciones
La difusión de una conversación telefónica entre el gobernador y su amigo Gianpiero Fiorani, entonces consejero delegado del Antonveneta, puso al descubierto que la medida del 50%, pretendía dar un trato de favor al Antonveneta. Fazio comentaba entonces con satisfacción que se había desbaratado la operación de compra por parte del banco holandés.
La dimisión del gobernador no paraliza las actuaciones de la CE, según indicaron ayer fuentes comunitarias. El pasado martes la Comisión envió un requerimiento a Italia en la que consideraba que el marco legal italiano permite al gobernador proceder "de una forma no transparente y puede crear inseguridad jurídica". Para Bruselas, algunas normas jurídicas italianas como la Ley Bancaria de 1993 y Las Instrucciones de Vigilancia para la banca y el artículo 2.359 del código Civil, pueden "suponer una traba a las inversiones de otros Estados en la banca italiana".
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