Cuatro naves para la discordia

Las naves que la empresa Arenal 2000 ha levantado en la carretera de Palma del Río, dentro del término municipal de Córdoba, han provocado un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que podría acabar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La semana pasada, el consejo rector de Urbanismo de Córdoba sacó adelante, con los votos de IU y PP, un plan especial para la zona en la que se encuentran las naves, de una superficie total de 40.000 metros cuadrados. Gracias a este plan, que deberá ser aprobado por un próximo pleno del Ayuntamiento, estas instalaciones, que se empezaron a construir sin licencia, estarían dentro de la legalidad.

Este plan especial aprobado por el consejo rector del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha sido criticado duramente por la Administración autonómica. Por un lado, la Consejería de Cultura sostiene que la regularización de algunas parcelas contempladas dentro del plan podría afectar al conjunto protegido de Medina Azahara.

Urbanismo abrió un expediente en junio por levantar las naves en un suelo catalogado como no urbanizable

Sin embargo, el informe más contundente es el de la Consejería de Obras Públicas. Diez objeciones son las que han puesto los técnicos de la delegación provincial. En el último punto del apartado de valoraciones, se concluye que "la alteración introducida en el régimen de usos de un suelo incluido en una categoría de especial protección constituye una innovación de la ordenación estructural del PGOU". Por lo tanto, según la delegación de Obras Públicas, para regularizar la situación de las cuatro naves de Arenal 2000 sería necesario realizar de una modificación del PGOU y no sólo un plan especial. Estos informes no son vinculantes, ya que las competencias en esta materia las tienen los Ayuntamientos. Y, acogiéndose a esto, tanto la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), como el responsable de Urbanismo, Andrés Ocaña (IU), han pedido a la Junta que respete la autonomía municipal.

El equipo de gobierno de Córdoba sostiene la regularización de las naves se ha realizado teniendo en cuenta los informes favorables de sus técnicos.

Sin embargo, tras la aprobación en el consejo rector de la regularización de las instalaciones, los responsables de la Administración autonómica en Córdoba criticaron la decisión advirtiendo de que "no se ajusta a la legalidad". Antonio Márquez, delegado de la Junta en Córdoba, informó de que "probablemente" si el pleno aprueba el plan especial la Administración autonómica deberá recurrirlo en el TSJA. Según Antonio Márquez, aunque todas las competencias corresponden al Ayuntamiento, "la Junta tiene que velar porque se cumpla la legalidad".

Fuentes de la delegación de Obras Públicas en Córdoba, sostienen que la decisión de recurrir al TSJA no está todavía tomada y que, en todo caso, es algo que le corresponde decidir a los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. Si se presentara este recurso, sería la primera vez que se produce esta situación en la capital cordobesa.

Según estas fuentes, el promotor, Arenal 2000, no saldrá perjudicado si la sentencia del TSJA fuera desfavorable a la decisión del Ayuntamiento, ya que sus naves estarían ya regularizadas y la constructora tendría derecho a reclamar una compensación al Consistorio.

Urbanismo abrió en junio un expediente a la empresa por levantar estas naves en un suelo que, hasta que entre en vigor el plan especial, está catalogado como no urbanizable. El expediente prevé una sanción de hasta el 148% del valor de la obra, con lo que el monto total sería de 5,8 millones de euros.