El Gobierno ofrece aumentar la participación en el IRPF y revisar la aportación de Cataluña

El Gobierno ofrecerá a los partidos catalanes, en la negociación que iniciarán mañana sobre el modelo de financiación autonómica recogido en el proyecto de Estatuto de Cataluña, una mayor autonomía financiera y la delimitación clara de la nueva figura de la Agencia Tributaria de Cataluña, que recaudaría sólo los impuestos propios. Además pondrá sobre la mesa una revisión de la aportación de Cataluña al Estado para que no pierda posiciones en el ránking de renta per cápita después de la aplicación de los mecanismos de solidaridad, una mayor participación en IRPF, "muy por encima" del 33% actual, y más inversiones que se materializarán en el rescate del peaje en autopistas y en la ampliación del aeropuerto barcelonés de El Prat.

Carod advierte de que si ésa es la oferta de Zapatero, "Moncloa tiene un problema"

Mas afirma que la propuesta de Economía desnaturaliza y mutila el proyecto catalán

Con estas propuestas, el Gobierno trata de compensar a los partidos catalanes, tras rechazar los pilares centrales de la propuesta de financiación, recogida en el proyecto aprobado por el Parlamento catalán: la capacidad absoluta de Cataluña para recaudar los impuestos en su comunidad y el establecimiento de su aportación al Estado. Un rechazo que había adelantado el Ejecutivo, hace meses, tras aclarar, además, que el modelo de financiación será generalizable y negociado, por tanto, con todas las comunidades autónomas en enero.

Los partidos catalanes están dispuestos a negociar las propuestas del Gobierno, pero ayer adelantaron un rechazo contundente a la decisión gubernamental de eliminar el modelo de financiación que contiene el proyecto de Estatuto.

Sin embargo, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, señaló ayer, en un encuentro con la prensa en La Moncloa, que la alternativa del Ejecutivo central al modelo planteado por los partidos catalanes, en materia de financiación, en el proyecto de Estatuto de Cataluña, es "generosa" y "abre enormemente a las comunidades autónomas su margen de maniobra".

Solbes quiso poner en valor la oferta que ha elaborado su departamento al subrayar el "esfuerzo enorme" que ha hecho el Ejecutivo para ofrecer una alternativa "partiendo de la lógica" de quienes han elaborado el Estatuto.

Solbes precisó el "enorme esfuerzo" negociador del Estado al señalar que Cataluña tendrá su propia Agencia Tributaria, que recaudará los impuestos propios. Con ello reiteró su defensa del modelo de "espacios fiscales separados". "Hay algo constitucionalmente evidente y es que hay tres niveles de administración, la del Estado, la de las autonomías y la de las corporaciones locales. Los tres niveles son autónomos y, por tanto, el Estado debe tener su propio espacio de independencia fiscal", dijo. "Pero con ello, también, se amplia de manera muy sensible la autonomía fiscal de Cataluña y las demás comunidades autónomas", añaden fuentes gubernamentales.

También aumentará la participación de las comunidades autónomas en el IRPF. Solbes lo admitió ayer, pero no precisó en cuánto puede aumentar la participación desde el 33% vigente, con la pretensión de guardarlo como carta para la negociación.

En cuanto a la pretensión del Gobierno de buscar mecanismos que garanticen la solidaridad interterritorial no provoquen la pérdida de posiciones en el ránking de renta per cápita, Solbes ayer no dijo nada.

No obstante, en la propuesta presentada por escrito por el Ejecutivo a los partidos catalanes, el viernes, figura el compromiso del Gobierno de negociar una redacción alternativa a los artículos relativos a la aportación a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación así como a la determinación y cálculo de la aportación catalana a la Hacienda del Estado.

Los artículos 209 y 210 del proyecto del Estatuto, eliminados en la propuesta del Gobierno, recogían la tesis de Pasqual Maragall: "La Generalitat contribuye a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

Solbes, además de eliminar la propuesta de aportación a la solidaridad del proyecto de Estatuto, estableció ayer otros límites de la negociación. Aclaró que el Gobierno considera irrenunciable que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria recaude sus propios impuestos en Cataluña y en el resto de las comunidades autónomas: Sociedades, IVA, IRPF y especiales (hidrocarburos, tabaco y alcohol).

"En la pretensión de la Generalitat de recaudar los impuestos en Cataluña de forma exclusiva y luego fijar unilateralmente un límite a la solidaridad radicaba el soberanismo del proyecto del Estatuto y la ruptura de la cohesión social. Era un planteamiento inaceptable", señalaron ayer fuentes gubernamentales.

Solbes precisó ayer, además, que el Estado no puede ceder el impuesto de sociedades a las comunidades autónomas por la complicación técnica que implica su territorialización. También expresó su rechazo a negociar más cesión del vigente 35% del IVA a las comunidades autónomas. La posición inicial de Solbes, sin embargo, era no ceder nada de IVA. "Son impuestos de características nacionales y es fundamental que se mantengan esas características para mantener la unidad de mercado", señaló todavía ayer.

El rechazo de los cuatro partidos catalanes que apoyan la reforma del Estatuto de autonomía a la alternativa que el Gobierno les presentó el viernes sobre el capítulo de la financiación fue rotundo y unánime. Arguyen que elimina toda pretensión de crear un modelo nuevo, distinto al de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA).

Sin embargo, lo cierto es que el anuncio de rebaja no les ha sorprendido y su respuesta no ha sido dar un portazo, sino aprestarse a la negociación, que comenzará mañana con una ronda de contactos bilaterales de cada uno de ellos con el Gobierno y el PSOE en el Ministerio de Economía.

Todos ellos creen que con esta base de discusión no es posible llegar a un acuerdo de principio antes del día 27, como pretende el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de ERC, Josep Lluís Carod, advirtió al presidente de que, si ésta es su posición, "Moncloa tiene un problema". Y que no hay condiciones para la reunión conjunta de los cuatro partidos y el Gobierno con la que el PSOE aspiraba a escenificar el acercamiento.

Incluso los socialistas catalanes, a través de su portavoz, Miquel Iceta, señalaron la "gran distancia" existente entre la propuesta aprobada por el Parlamento catalán y la alternativa del Ministerio de Economía. "La tomamos como un punto de partida para la negociación, en la que lo cierto es que el Gobierno se ha colocado tan lejos como ha podido", afirmó antes de recordar que la primera posición del Gobierno era, hace menos de un año, que el Estatuto no debía incluir un título dedicado a la financiación.

Los demás partidos fueron mucho más contundentes en el rechazo, pero se mostraron igualmente dispuestos a negociar. El más duro fue el líder de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas. Consideró que esta propuesta "hace tabla rasa" del proyecto que salió del Parlamento catalán. Para eso, preferiría quedarse "con la potencialidad" del Estatuto de 1979. "Desfigura, desnaturaliza, y mutila completamente el Estatut y es absolutamente inaceptable", sentenció.

Pese a este "mal augurio" que a su juicio constituye esta alternativa, Mas precisó que no es hora de "tirar la toalla", sino de "hacer trabajar la imaginación" para "salvar lo sustancial" de la propuesta catalana de forma que sea aceptable para el Gobierno. Josep Antoni Duran Lleida, presidente del grupo de CiU en el Congreso, emplazó al Ejecutivo a "poner un nuevo papel sobre la mesa", porque a su juicio la aproximación a partir de la actual alternativa es demasiado difícil.

Carod sostuvo que con la propuesta presentada por el Gobierno "no se resuelve ninguno de los problemas" de Cataluña en el apartado de la financiación. Y envió el siguiente mensaje al Gobierno: "Si este documento es la expresión precisa del pensamiento del presidente Rodríguez Zapatero sobre la materia, entonces: 'Moncloa tenemos un problema muy grave'". Por esta misma razón, Carod afirmó que ERC se toma esta alternativa sólo como "un borrador" para iniciar la negociación.

Muy duro se mostró también el portavoz de ICV-Esquerra Unida en el Parlamento catalán, Joan Boada, que calificó la propuesta como "muy cerrada, centralista y miedosa" y "del todo insuficiente". Boada afirmó que habrá que pedir una tercera prórroga para el plazo de enmiendas, de manera que la negociación tenga de margen hasta el 3 de febrero.

No es ésa la posición del Gobierno central. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijo ayer que se mostraba "totalmente contrario" a alargar el debate sobre el Estatuto más allá de la fecha del 27 de diciembre, último plazo para la presentación de enmiendas.

En cambio, el PP de Cataluña, cuyos diputados son los únicos que han votado contra el proyecto de Estatuto, se alineó con el vicepresidente Solbes. Su líder en la comunidad, Josep Piqué, afirmó que "puede ser una buena base para el acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, alabó la posición de Solbes, a la que calificó de "sentido común" y trató de enfrentarla a la del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.La propuesta de financiación que Pedro Solbes ha remitido a los partidos que aprobaron en Cataluña la reforma del Estatuto ha sido acogida con rechazo o recelos. "No nos gusta. Si el documento es una expresión precisa del presidente del Gobierno, La Moncloa tiene un grave problema", respondió ayer el presidente de ERC, Josep Lluís Carod. Mañana empieza en el Ministerio de Economía una ronda de entrevistas con los cuatro partidos. Artur Mas, líder de CiU, considera la propuesta "inaceptable", ya que, en su criterio, "mutila" la reforma y supone ir a peor. ICV la tildó de "miedosa". Incluso el PSC ve "una gran distancia" entre lo ofertado por Solbes y lo aprobado en el Parlamento de Cataluña. Aún así, todos confían en la negociación.