El fiscal acusa de fraude a altos cargos de vivienda de la etapa de CiU

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentó ayer una querella por malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental contra dos ex responsables de Adigsa, empresa de la Generalitat que gestiona la construcción y mantenimiento de la vivienda pública, durante los Gobiernos de CiU. La querella llega tras la polémica sobre cobros de comisiones -el célebre 3%- que lanzó el presidente de la Generalitat sobre CiU en febrero pasado, aunque no establece ningún vínculo con ese caso.

La acción judicial va dirigida contra ocho personas, pero principalmente afecta a dos reconocidos militantes de Convergència Democràtica de Catalunya: Ferran Falcó, ex presidente de la empresa pública Adigsa, y al consejero delegado de la misma entidad, Josep Anton Fondevila. La querella acusa a ambos de haber creado y dirigido una trama cuya finalidad era la de cobrar de los constructores comisiones ilegales durante el periodo comprendido entre 2002 y 2004.

El texto de la querella, que fue presentado ayer en el juzgado de guardia, va dirigido asimismo contra dos empleados de la empresa pública -Jordi Huguet y Javier Sala- y contra otros cuatro constructores e intermediarios, entre los que se encuentra el promotor José Antonio Salguero, que denunció irregularidades en declaraciones a la prensa.

La investigación sobre Adigsa la inició la Fiscalía de Cataluña el pasado mes de febrero, después de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuara ante el pleno del Parlamento autónomo -destinado a analizar la catástrofe provocada por las obras del túnel del Carmel- que CiU había supuestamente cobrado comisiones de un 3% en las obras públicas. Maragall retiró en esa misma sesión esas acusaciones ante la presión del líder de CiU, Artur Mas, de romper el consenso para negociar el futuro Estatuto.

Pero las palabras pronunciadas por el presidente catalán hicieron subir la temperatura política. Subió hasta tal punto que Mas anunció una querella contra Maragall por injurias y calumnias, mientras que el PP presentaba una moción de censura parlamentaria contra el presidente. Ni la querella ni la moción de censura llegaron jamás a sustanciarse.

La Fiscalía de Cataluña, que preside José María Mena, decidió por aquellas fechas abrir diligencias. El texto de la querella ahora conocida, a pesar de todos estos antecedentes, no hace ninguna referencia al cobro por parte de organización política alguna del 3% de comisión, y se centra únicamente en la supuesta manipulación de los expedientes de adjudicación.

Al parecer, según explicó ayer el fiscal Mena, los imputados "otorgaban primero las obras y después se vestía el expediente". El fiscal aseguró además que los responsables de la empresa Adigsa incrementaban el coste de las obras en un 20% en beneficio propio. Las irregularidades correspondían a obras de arreglo y mantenimiento de pisos modestos de segunda mano, que generaban beneficios ilegales que oscilaban, según casos, entre 3.000 y 6.000 euros.

Colaboración con el fiscal

Las irregularidades investigadas por la fiscalía habían sido previamente detectadas por una auditoria de la propia empresa Adigsa, efectuada hace dos años, cuando Pasqual Maragall ganó las elecciones y se convirtió en presidente de la Generalitat.

Desde esa fecha hasta hace cuatro meses, los actuales directivos de Adigsa, han estado colaborando con la fiscalía aportando documentos y testimonios sobre las supuestas irregularidades, según aseguró ayer el presidente del organismo, Ricard Fernández. La documentación aportada por el departamento que dirige Salvador Milà (ICV-EUiA) llegó a llenar ocho cajas.

El fiscal Mena reconoció ayer ante la prensa que se trataba de un fraude de cantidades "pequeñas", pero recalcó sin embargo que la conducta de los funcionarios querellados merece "altos niveles de reproche moral y severidad punitiva".

José María Mena, último responsable de la querella, es un fiscal de larga carrera, tal como acreditan sus cerca de 41 años de actividad profesional.

Represaliado por el franquismo junto con su compañero Carlos Jiménez Villarejo, Mena tuvo un importante protagonismo en la década de los ochenta, cuando presentó una querella contra el entonces presidente de la Generalitat y máximo líder de Convergència Jordi Pujol, por supuestas irregularidades detectadas en la administración de la Banca Catalana.

Pujol fue exculpado a lo largo del proceso judicial. Mena fue tildado desde ambientes nacionalistas de "enemigo de Cataluña", y en las calles de Barcelona aparecieron pintadas reclamando "fiscales catalanes". Mena, nacido en Villarcayo (Burgos), se jubila el próximo año.