Municipios valencianos aprueban más planes urbanísticos pese a la advertencia de la UE

Los municipios valencianos siguen aprobando planes urbanísticos pese a la advertencia de la Unión Europea de que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) no cumple con las directivas comunitarias y por ello recomienda una moratoria. Benicàssim, municipio del litoral castellonense, acaba de dar luz verde a otro proyecto, a pesar de la petición de la oposición de una moratoria, que afecta a más de dos millones de metros cuadrados y supondrá la construcción de cerca de 3.000 viviendas, un campo de golf y varios establecimientos hoteleros.

La Comisión Europea aprobó a principios de semana un dictamen en el que afirmaba con rotundidad que la LRAU valenciana, norma que ha regido el urbanismo de esta comunidad autónoma desde 1994, incumple las directivas comunitarias en materia de contratación pública. El Ejecutivo comunitario fue incluso más allá y advirtió de que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), a punto de aprobarse en las Cortes Valencianas, también lo hace.

Al dictamen de la Comisión se unió el Informe Fourtou del Parlamento europeo, un nuevo varapalo a la política urbanística autonómica, en el que se recomienda a la Generalitat Valenciana que suspenda la tramitación de los PAI (Programas de Actuación Integrada) que reclasifiquen suelo rústico hasta que se apruebe una nueva ley que subsane los defectos de la LRAU. El consejero de Territorio del Gobierno valenciano, Rafael Blasco, consideró innecesaria la moratoria dada la rapidez con la que el Gobierno autonómico anunció que aprobaría la LUV, este mismo mes.

Sin moratoria urbanística y sin nueva ley, los municipios valencianos siguen aprobando los proyectos urbanísticos con la polémica comunitaria de fondo.

El Ayuntamiento de Canals (Valencia) ha aprobado el concierto previo para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mediante el cual se prevé recalificar dos millones de metros sobre los que se proyecta una urbanización con campo de golf, informa Toni Cuquerella. Este terreno será considerado zona residencial y, según el alcalde de Canals, el independiente Pascual Durá, se ajusta al proyecto de LUV, lo que, de acuerdo con el dictamen motivado de la Comisión, no garantiza que cumpla con el derecho comunitario.

Así, este territorio se dividirá en tres partes de extensión similar, dedicándose 640.348 metros cuadrados para superficie deportiva, 660.587 para parque natural protegido y 658.116 a superficie residencial, de los que "sólo habrá 197.000 metros cuadrados de suelo edificable", según dijo Durá.

El alcalde comentó que el suelo forestal "comportará un importante ahorro en agua para riego" y aclaró que a pesar de que "no hay todavía ningún proyecto de campo de golf sobre la mesa", sí sabe que la empresa constructora Secopsa tiene previsto ejecutar un plan con 1.000 nuevas viviendas y un campo de golf incluido. El pleno del Ayuntamiento de Canals aprobó en la misma sesión un convenio con Secopsa por el que la firma, tras la recalificación de terrenos, se compromete a levantar un nuevo campo de fútbol para esta localidad.

En Castellón, el Ayuntamiento de Benicàssim no tuvo reparos, el jueves, en someter al pleno la aprobación definitiva del Programa de Actuación Integrada (PAI) denominado Benicàssim Golf. Éste salió adelante gracias a los votos del equipo de gobierno formado por concejales independientes y ediles del PP, a los que se sumó una concejal tránsfuga que fue expulsada de las filas populares, precisamente, por no someterse a la disciplina de voto en una votación referente a Benicàssim Golf.

Además de la moratoria, la aprobación del plan está en cuestión por el hecho de que más de una docena de propietarios de suelo, afectados por la presentación de este programa, han recurrido el procedimiento alegando que no se sometió a publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Junto a este reparo existen otros relativos a los recursos hídricos necesarios, ya que el Ayuntamiento se negó a firmar un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de una desaladora que garantizara el suministro. Sobre el proyecto también recaen dudas ante el peligro de inundabilidad y la existencia de un humedal. Pese a todo ello, populares e independientes votaron a favor de un PAI que afecta a más de dos millones de metros cuadrados y que supondrá la construcción de cerca de 3.000 viviendas, un campo de golf y establecimientos hoteleros.

Los socialistas y Esquerra Unida solicitaron, antes de la celebración del pleno, la suspensión del mismo, motivados tanto por la moratoria que reclama la UE como por el hecho de que la nueva ley que regirá el urbanismo valenciano se debatirá antes de que finalice el año. Sin embargo, el equipo de gobierno se negó en redondo a aplazar la decisión y sostuvo que la presentación del proyecto, que data de hace siete años, está fechada antes de que se iniciara la polémica por los abusos que permite la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, que, sin embargo, fue la norma bajo la que se amparó la presentación de este programa y que ha provocado la actuación de la Unión Europea.