La plataforma contra los abusos pide que se indemnice a los afectados

La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), que aglutina a afectados por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), pidió ayer a la Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps, del PP, que atienda e indemnice a los más de 15.000 particulares, la mayoría españoles, afectados por la polémica norma urbanística durante sus 11 años de aplicación. Desde su creación hace tres años y medio, esta asociación ha canalizado las quejas y denuncias ante el Parlamento y la Comisión Europea.

Enrique Climent, vicepresidente de la AUN, rodeado del equipo jurídico que ha dado soporte a la batalla ante las instituciones comunitarias, aseguró que las dos resoluciones comunitarias son "fantásticas", "porque llegan después de años de trabajo duro en los que se ha ha dicho que si estábamos en contra del progreso y no sé cuántas cosas más".

Jaume Sendra, coordinador jurídico de AUN, agregó que lo lógico, tras los pronunciamientos de la UE, es que la Generalitat "indemnice a los afectados", porque si no los particulares presentarán reclamaciones administrativas o judiciales. La asociación pondrá a disposición de los perjudicados un teléfono y una página web.

Bernardo Hernández, profesor de Derecho Comunitario de la Universidad Carlos III, explicó que los defectos por los que la LRAU ha sido denunciada ante la Comisión tienen que ver con que se permita a un empresario sacar adelante proyectos urbanísticos de hasta seis millones de euros sin acreditar su solvencia, la falta de publicidad y transparencia en la licitación de los PAI (Programas de Actuación Integrada), "con plazos tan breves que imposibilitan otro competidor", la no publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y la falta de "un precio cierto". "Una persona afectada por un PAI no sabe lo que le va a costar la broma; es insólito", dijo.