Un juzgado amplía la suspensión de derribos del plan de El Cabanyal más allá del área protegida

Nuevo varapalo de la Justicia al plan de El Cabanyal que promueve la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Después de la admisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación contra el proyecto de abrir la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio valenciano, y de la suspensión del derribo de varias casas en el entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC), un juzgado ha decidido paralizar también las licencias para demoler cuatro edificios fuera de la zona protegida en el Pepri de El Cabanyal. Barberá, sorprendida por la prohibición, recurrirá el auto.

"El Ayuntamiento de Valencia interpretó que fuera del BIC no tenía impedimento" para desarrollar el plan de El Cabanyal, ironizó ayer José Luis Ramos, abogado de la plataforma Salvem El Cabanyal, con el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia en la mano. La juez sustituta Herminia Fos se apoya en su resolución en la argumentación que expuso el mismo juzgado en mayo para parar los derribos iniciados por la empresa municipal Aumsa en edificios del BIC de El Cabanyal, y considera que la suspensión afecta también a la zona del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del barrio aunque los inmuebles no estén integrados en el área protegida. Recuerda la juez que los autos anteriores constataron que el plan de El Cabanyal está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, que debe confirmar o revocar el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que dio vía libre al Ayuntamiento para abrir Blasco Ibáñez, y que el Pepri, en esta situación, no es aplicable.

De esa forma, la juez extiende el criterio de protección del entorno BIC a cuatro edificios situados fuera del ámbito protegido para cuya demolición el Ayuntamiento dio licencia en octubre con la pretensión de preparar la construcción del futuro bulevar de San Pedro, para el que aún carece de proyecto de urbanización. Tras la sentencia del TSJ de octubre de 2004, que refrendó los planes de Barberá, el Consistorio ya intentó ejecutar varios derribos en el BIC, pero aceptó retirar sin plazo las máquinas después de la paralización cautelar del juzgado y la decisión del Supremo de admitir a trámite un recurso de casación contra el fallo del alto tribunal valenciano.

Salvem El Cabanyal recurrió las cuatro licencias para derribar fuera del BIC porque considera que el PP comete "un abuso de derecho" y actúa "de mala fe". Los derribos "no se hacen para ejecutar el planeamiento" de El Cabanyal, sino "para enturbiar y degradar el barrio, hacer solares que se convierten en lugar de escombros", opinó Ramos. "Con ello se crea más presión para que los vecinos se vayan", añadió.

La alcaldesa, Rita Barberá, expresó su sorpresa por el auto, que afecta a actuaciones fuera del BIC ("únicamente el 2% de la superficie del plan") y aseguró que la recurrirá. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, abundó en el argumento de que las últimas licencias concedidas afectan a edificios "fuera del área declarada BIC y, en consecuencia, no es de aplicación la Ley de Patrimonio Valenciano, que exige en dichas zonas" que el permiso de derribo "se acompañe de un proyecto básico de la nueva construcción".

El Ayuntamiento insistió en que sólo es intocable el BIC, hasta que se pronuncie el Supremo. Por contra, Ramos sostuvo que cualquier actuación dentro del Pepri de El Cabanyal es susceptible de ser paralizada porque la sentencia del TSJ incluyó una modificación del plan que aún no se ha publicado, por lo éste "no es aplicable". Así, el TSJ, aunque aprobó el proyecto de Barberá, exigió que se incluyera en el Pepri todo el BIC declarado por la Generalitat, lo que exige publicar de forma oficial la modificación. Este trámite no ha sido cumplimentado, por lo que cualquier actuación del Pepri podría paralizarse hasta que el Ayuntamiento subsane esta cuestión. No obstante, Ramos recalcó que la plataforma recurrirá el derribo "indiscriminado" de edificios, pero no aquellas actuaciones que impliquen la rehabilitación del barrio y la dotación de equipamientos.

El portavoz socialista, Rafael Rubio, y la concejal de EU-L'Entesa María Victoria González, exigieron de nuevo al PP que negocie un nuevo plan integral.