El PSOE acusa al presidente del Supremo de ser un "ariete" del PP

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, protagonizó ayer una durísima comparecencia parlamentaria en la que acusó al PSOE de querer controlar al CGPJ, y a su vez fue acusado por el portavoz socialista, Julio Villarrubia, de actuar como "un auténtico incontrolado" y un "ariete" del PP. Hernando acusó al Ministerio de Justicia de denegarle medidas de refuerzo por razones presupuestarias.

Nunca antes un presidente del Poder Judicial había sido vapuleado en la Comisión de Justicia del Congreso como lo fue ayer Francisco José Hernando. Todos los portavoces, excepto el del PP, se mostraron muy críticos con su gestión.

El presidente del CGPJ estaba convocado para dar cuenta de la Memoria anual del órgano de gobierno de los jueces y de "los últimos acuerdos" adoptados por el Consejo. Su intervención, calificada después de "provocación" por el portavoz socialista, consistió en dar lectura, durante tres horas, a los datos de la Memoria, lo que provocó un profundo malestar en los portavoces de los grupos. Todos menos el del PP, Ignacio Astarloa, se quejaron, porque, dijeron, ya se la habían traído "leída".

Pero además, Hernando dedicó un amplio periodo de tiempo a quejarse de que con su comparecencia se pretendía indirectamente "controlar" a un poder independiente como es el Poder Judicial. Hernando se remitió a una cita del presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, señalando que es el partido que sustenta al Gobierno "quien de facto domina los mecanismos de control parlamentario, sujetos a disciplina partidista", para subrayar que un partido político no puede exigir responsabilidades a un Poder Judicial independiente.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial arremetió después contra el Ministerio de Justicia, al que acusó de denegar, por razones presupuestarias, un "alto índice" (16,7% en 2004 y 17,3% en 2005) de refuerzos acordados para paliar el retraso en los tribunales. Hernando acusó también al ministerio de estar "ejerciendo un control" sobre la oportunidad de las medidas, produciendo un "desapoderamiento del Consejo" en una competencia que a éste le confiere la ley.

En una dura intervención, el portavoz socialista, Julio Villarrubia, negó que el Parlamento controle al Poder Judicial, y le espetó: "¿Tan torpes nos cree para que nos lo recuerde? No confunda usted controlar con actuar como un auténtico incontrolado".

Fue sólo el comienzo de una larga diatriba contra Hernando, al que acusó de "dejación del cumplimiento de sus funciones constitucionales" y de utilización "sectaria y partidista por el sector mayoritario del Consejo" y por el propio Hernando principalmente, "que están haciendo de arietes de un partido político".

"Un presidente del Tribunal Supremo tiene que ser moderado, ponderado, equilibrado, no alguien como usted, que carece de esas virtudes y al que afortunadamente le queda poco tiempo en la función que ocupa", subrayó Villarrubia. Éste atacó después el comportamiento de vocales del CGPJ afines al PP: "Alguno pidió al Rey que no sancionase una ley promulgada por este Parlamento y sigue sin problemas en el Consejo". Y añadió: "El propio Parlamento les causa risa a algunos de sus vocales, que no cumplen sus funciones y dedican su tiempo libre a hacer informes que no les pide nadie, y los informes preceptivos no los emiten después de casi dos años".

Previamente, el portavoz del PP, Ignacio Astarloa, felicitó al Consejo por hacer unos informes sobre "proyectos que van al corazón del Poder Judicial" y criticó al Gobierno por poner en entredicho al CGPJ "hasta llegar al insulto".

En su turno de réplica, Hernando dijo que no creía haberse extralimitado en sus funciones y que el Consejo no está "desnaturalizado", y negó que fuera "ariete político" de nadie. Por el contrario, el presidente del CGPJ se autoerigió en "ariete de acero, del más duro que exista", en la defensa de la Constitución y del Poder Judicial, y proclamó: "La carrera judicial está conmigo".

Hernando se refería así a los dictámenes de asociaciones judiciales, presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales, juntas de jueces y otras instancias jurídicas que han criticado los proyectos legislativos del Gobierno relativos a los consejos de justicia autonómicos y a la justicia de proximidad.