Los promotores critican el 'informe Fourtou' por "sesgado, falto de objetividad e instrumentalizado"

La Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunidad Valenciana expresó ayer a través de una nota su frontal rechazo a las conclusiones del informe Fourtou que aprobó el martes el Parlamento Europeo y que reclama una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana "por las acusaciones implícitas al modelo urbanístico valenciano que sostiene".

Según los promotores, la resolución sobre el informe elaborado por el eurodiputado liberal Janelly Fourtou, aprobada el martes por el pleno del Parlamento Europeo por 550 votos a favor, 40 en contra y 25 abstenciones, supone "la culminación de una campaña de desprestigio, acoso y derribo a la imagen y los intereses de la Comunidad Valenciana en Europa, orquestada por intereses oscuros y alentada por un ejercicio irresponsable de la oposición política que ha antepuesto intereses de políticos a los intereses generales".

Según los promotores, el informe deslegitima al Parlamento de España y las Cortes Valencianas e invade sus competencias "de forma irresponsable".

Los promotores se apresuran a destacar que "la resolución no tiene efectos jurídicos, hecho que anula por completo la posibilidad de que se puedan establecer indemnizaciones que, sin mediar una sentencia judicial, no se pueden dar por la malversación de fondos públicos que supondrían".

Los promotores "censuran energéticamente" el aval de un informe "elaborado en un contexto de confusión", que atribuyen a las acciones de la asociación Abusos Urbanísticos No y a una oposición política "irresponsable", cuyo contenido "acepta la existencia de corrupción urbanística en la Comunidad Valenciana sin ningún tipo de rigor ni aval jurídico".

La nota de los promotores arremete contra "determinados europarlamentarios de la Comunidad Valenciana que han antepuesto sus intereses políticos y la estrategia de ataque al PP y al consejero Rafael Blasco al interés general de los valencianos sin pensar en las consecuencias de hipotecar una parte del futuro económico de esta autonomía, sostenido en gran medida por la actividad del sector y la comercialización de viviendas vacacionales a ciudadanos comunitarios".

La nota recuerda que miles de puestos de trabajo dependen del sector inmobiliario y que la construcción aporta el 14% de la riqueza regional. Los promotores instan a llevar a los tribunales los "hipotéticos casos de corrupción" que sugiere el informe Fourtou y "que no se han demostrado"; y concluye que "los efectos económicos" o "indemnizaciones que puedan derivarse" de una hipotética aplicación de la moratoria que reclama el Parlamento Europeo "corresponderán única y exclusivamente a los poderes públicos responsables de su aplicación".