Gobierno y Junta desbloquean la negociación de la deuda histórica tras nueve años de parón

El Gobierno central y la Junta de Andalucía desbloquearon ayer la negociación de la deuda histórica tras nueve años de parón institucional. Ambas administraciones acordaron crear en enero un grupo de trabajo que decida cómo calcular el déficit de recursos con el que fueron traspasadas a Andalucía las competencias de sanidad, educación y servicios sociales. El objetivo es que este grupo de trabajo establezca una cantidad para compensar este déficit y poner fin a este litigio antes de que se llegue a un acuerdo sobre el futuro sistema de financiación autonómica, cuya discusión también empezará en enero.

Por primera vez desde 1996, la Comisión Mixta Gobierno-Junta abordó el conflicto de la deuda histórica, la expresión popular de la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía. Esta disposición establece que Andalucía debe recibir fondos "excepcionales" del Estado para garantizar la prestación "de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios" que fueron transferidos a la comunidad. Hasta la fecha Andalucía sólo ha recibido 120 millones de euros por la deuda histórica.

A la cita de ayer acudieron el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, y los consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía, José Antonio Griñán. La reunión duró poco más de media hora, pero sirvió para desatascar un conflicto institucional que se enquistó durante los ocho años de gobierno del PP. Sevilla afirmó que desde 1996 "no se había hecho nada práctico pro abordar este problema", mientras que Zarrías no ocultó su satisfacción por el hecho de que la deuda histórica salga "de la vía muerta". Griñán, por su parte, destacó que el acuerdo supone la "legalización de una situación interrumpida" bajo el mandato de José María Aznar.

A partir de enero, altos cargos del Gobierno y de la Junta analizarán qué fórmula puede servir para calcular el déficit de recursos con el que fueron dotadas algunas de las competencias traspasadas a la Junta a principios de los ochenta. El cálculo se centrará en el déficit de la sanidad, la educación y los servicios sociales, aunque es posible que en este paquete también se incluya el traspaso de las competencias de vivienda. Una de las primeras tareas del grupo de trabajo será decidir el marco temporal, es decir, los años que transcurrieron desde el traspaso hasta que los servicios transferidos alcanzaron el nivel mínimo del que habla el actual Estatuto.

La negociación bilateral entre la Junta y el Gobierno se producirá de forma paralela a la discusión del próximo sistema de financiación autonómica, un tema que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere negociar a partir del próximo mes. "Hemos creído que puede haber una vinculación clara entre la previsión de esa disposición adicional y lo que el nuevo modelo financiero va a contemplar para garantizar la nivelación de servicios", afirmó Jordi Sevilla. Zarrías manifestó su deseo de que la deuda histórica "no figure" en el próximo Estatuto, lo que significará que se ha llegado a un acuerdo sobre su pago.

La comisión mixta también acordó ayer el traspaso de tres nuevas competencias a Andalucía cuya valoración asciende a más de dos millones de euros. Los traspasos son la ampliación los medios económicos en la gestión de la formación profesional ocupacional; la modificación de los medios patrimoniales en materia de Educación, y la ampliación de los medios económicos en materia educativa, empleo y formación ocupacional del Instituto Social de la Marina. Sevilla destacó que, en dos años, el Gobierno ha traspasado 19 competencias a Andalucía.