La UE reduce las exigencias para autorizar el uso de sustancias químicas peligrosas

Los Gobiernos de la Unión Europea aprobaron ayer, no sin disensiones, la propuesta de reglamento sobre productos químicos que pretende poner orden en el caos del sector. Alrededor de 30.000 productos circulan y son empleados en todo el continente sin un conocimiento preciso de sus características y efectos sobre la salud. Pero los ministros devaluaron ayer uno de los puntos clave del reglamento, el llamado principio de la sustitución, que obligaba a autorizar una sustancia peligrosa únicamente si no había alternativa y por un plazo máximo de cinco años.

Lo que se pretendía con estas condiciones era incentivar la investigación. Ahora se ha eliminado el principio, a petición de la industria, por considerarlo demasiado gravoso. Las sustancias peligrosas se revisarán caso por caso, según las circunstancias.

El Registro, Evaluación y Autorización de Químicos (REACH) fue aprobado hace un mes en primera lectura por el Parlamento Europeo y ya entonces los conservadores, encarnados en una eurodiputada alemana, dejaron claro que algunos aspectos serían retocados por los Gobiernos. Uno de los grandes triunfos de la izquierda y de los ecologistas fue entonces la integración en REACH del principio de la sustitución. Ayer se vino abajo. "La idea de la sustitución es muy sencilla, pero su aplicación mucho más compleja", explicó el vicepresidente de la Comisión encargado de Empresa e Industria Günter Verheugen, el alemán visto por muchos como adalid de los intereses de la industria de su país, que en el sector químico encabeza un continente que es líder químico mundial.

Verheugen explicó que no era conveniente imponer "condiciones poco razonables" a la empresas. Según sus datos, el 96% de las 27.000 sociedades implicadas directamente en el sector son pequeñas y medianas, y no hace falta poner las cargas financieras adicionales. La prevista aceptación de sustancias (sólo en caso de que se pruebe que no hay productos o tecnologías alternativas y cuando las ventajas socioeconómicas compensen riesgos sanitarios o medioambientales y por cinco años) quedó reducida a una revisión de la autorización de uso caso por caso.

Se impuso el criterio mayoritario, con la única oposición de Irlanda y Portugal. Dinamarca, Suecia y Luxemburgo aceptaron a regañadientes el paquete con la intención de introducir en el futuro más garantías para los consumidores. España, que tenía particular interés en dejar fuera del nuevo régimen a las fritas cerámicas, también acabó por aceptar, pese a que ahora deberán ser analizadas, en contra de la exoneración concedida por el Parlamento Europeo. Las fritas cerámicas son compuestos vítreos insolubles de inevitable uso en la fabricación de azulejos y cerámicas, sector crucial en la economía levantina: la mitad de las 42 empresas cerámicas de la UE están en Castellón.

España había hecho un caballo de batalla de su exclusión y ayer el ministro José Montilla tuvo que poner paños calientes a la nueva situación, argumentando que el registro de sustancias en REACH no está cerrado y podría haber nuevas excepciones. Según él, "la puerta está abierta". Pese a esta derrota en el único objetivo concreto de España, Montilla habló de acuerdo "aceptable". A su juicio, la normativa "va a ayudar a proteger el medio ambiente y la salud de las personas".

El procedimiento está encarrilado, pero no cerrado. Ayer se ofreció el acuerdo político a REACH, que la próxima primavera se convertirá en una posición común de los Veinticinco. Deberá ser sometida a una segunda lectura parlamentaria tras el verano antes de volver al Consejo, a finales de 2006. En el nuevo paso parlamentario tendrán socialistas, liberales, verdes, comunistas y verdes nórdicos una nueva ocasión de reintroducir la obligatoriedad del principio de la sustitución. La nueva normativa debería aplicarse a partir de 2007, pero la Agencia Europea de Químicos que debe centralizar controles e información no funcionará hasta 2008, lo que supone un año de retraso en la entrada en vigor del reglamento.

Intereses industriales

Por delante quedarán once años para ir analizando y registrando escalonadamente los 30.000 productos químicos. Los análisis los harán las compañías fabricantes, que heredarán una responsabilidad que hasta ahora tenían los Gobiernos y que no ejercían.

Para no perjudicar los intereses de la industria química europea (que da trabajo directo a 1,7 millones de personas e indirecto a otros tres, y que mueve unos 600.000 millones de euros anuales), REACH reduce las exigencias de información para las cerca de 20.000 sustancias producidas, salvo que su peligrosidad esté fuera de duda. Eso supone que sólo entre el 10% y 30% de los productos químicos deberán ser analizados en detalle.