Segunda regularización de un inmigrante por arraigo laboral

Un trabajador colombiano es el segundo de la Comunidad Valenciana en recibir la autorización de residencia con autorización para trabajar a través del Arraigo Laboral, una figura que entró en vigor en agosto tras acabar el proceso de normalización de inmigrantes. La concesión se produce algo menos de un mes después de que el trabajador, a través de CC OO-PV, la pidiera. La primera regularización se produjo en Alicante.

La Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha resuelto a favor de la solicitud de Residencia Temporal por circunstancias excepcionales presentado a mediados del pasado mes de noviembre, según informó ayer en un comunicado emitido por CC OO-PV.

El Arraigo Laboral es una figura que entró en vigor el pasado mes de agosto, una vez finalizó el proceso extraordinario de normalización de inmigrantes. Esta fórmula abre la puerta a la regularización en el caso de los inmigrantes que tengan previamente una resolución judicial que reconozca la existencia de relaciones laborales durante un mínimo de un año -en una o varias empresas- o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo que acredite una relación laboral igualmente no inferior a un año.

La decisión tomada por la Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en este caso, se basa en una sentencia del juzgado de Lo Social número 4 de Valencia en la que se condenaba a la empresa empleadora a pagar al trabajador 3.804 euros por despido improcedente. Durante el proceso de normalización, el trabajador solicitó a la empresa Interdemen, SL, dedicada a la mensajería, que presentara su documentación para poder acogerse al proceso. CC OO-PV explicó en su momento que a consecuencia de esta petición el trabajador fue informado verbalmente de que "ya no le eran necesarios sus servicios". El trabajador fue despedido a mediados del mes de abril y tras esta decisión presentó una demanda por despido improcedente a través de los servicios jurídicos de CC OO-PV.

La sentencia del juzgado de Lo Social número 4 reconoce al trabajador una antigüedad que data del 22 de enero de 2001 además de condenar a la empresa al pago de una indemnización y de los salarios de tramitación.

CC OO-PV valoró ayer la asignación del derecho y confió en que la autorización "sirva de procedente para que los trabajadores y trabajadoras inmigrantes accedan realmente a los derechos que le son reconocidos en la legislación laboral". En su momento, el sindicato cifró en alrededor de 30.000 los inmigrantes que han quedado sin papeles en la Comunidad Valenciana tras el proceso de regularización.