El sector privado ayuda más a los 'sin techo' que la Administración

Pocos recursos, descoordinación y falta de políticas públicas para abordar la integración de los sin techo, que en Cataluña son unas 8.000 personas. Son algunas de las conclusiones de un informe que ayer presentó el síndic de greuges, Rafael Ribó. El estudio revela que el peso de la atención a las personas sin hogar no recae en la Administración, sino en el sector privado, que aporta el 52,6% de los fondos.

En Cataluña existen 57 centros de atención a las personas que malviven en la calle. La mayoría, el 66%, está gestionada por organizaciones no lucrativas y otras asociaciones especializadas. Por si fuera poco, el 77% de los centros atienden a personas que les envían los servicios sociales porque no pueden acogerlos. Además, el personal voluntario es el motor que mueve el trabajo de estas entidades. Así lo reconoce el informe dado a conocer ayer por los miembros del Síndic, titulado El fenómeno sin techo en Cataluña: personas, administraciones, entidades.

Ante la excesiva dependencia del sector privado, Rafael Ribó atacó con dureza a la Administración e instó a desarrollar políticas públicas para luchar contra la exclusión social. El defensor del pueblo en Cataluña criticó que las administraciones ayuden a las personas sin hogar "con un tratamiento estándar, sin tener en cuenta las situaciones personales".

El estudio retrata las fases por las que han atravesado las instituciones en su actitud acerca de los marginados sociales: represión, caridad y asistencia. Ribó abogó por dar un paso más y avanzar hacia políticas "de carácter preventivo". Por este motivo, consideró que debe disponerse de más recursos humanos y materiales. Un ejemplo: en Cataluña, la ley obliga a los municipios con más de 20.000 habitantes a disponer de servicios de comedor y de residencia para los sin techo. Pero en la práctica, señala el informe, la normativa no se cumple.

Lejos de Europa

En el resto de España, la situación no es mucho mejor. En 2001, se destinó sólo el 0,1% del PIB a combatir la marginación social, mientras que la media de la Unión Europea es del 0,4%. "Si a medio plazo gastamos la mitad de lo que gastan los europeos, ya me daré por satisfecho", ironizó el síndic.

Llegar a fin de mes supone un imposible para los excluidos, aun en el caso de que perciban alguna prestación social. El informe estima que comer cada día en Barcelona cuesta unos 322 euros al mes, y dormir en una pensión, unos 425. Pero las prestaciones no alcanzan los 500 euros mensuales y por este motivo los sin techo "deben escoger entre comer o dormir", denuncia el informe. Ribó juzgó el acceso a una vivienda como un "elemento necesario, aunque no suficiente, para llevar una vida normalizada".

Perder el hogar es precisamente una de las catástrofes que pueden alterar a una persona con una vida convencional. Si a esa desgracia se le añaden otras en un breve periodo de tiempo -ruptura con la pareja, pérdida del puesto de trabajo, muerte de un familiar- el individuo puede caer en el agujero de la exclusión social. Ribó dio a entender que cualquiera puede verse envuelto en esta situación. Por ello, pidió que se superen "el rechazo y los estereotipos" que afectan al colectivo de los sin techo. "Son gente que han perdido su proyecto de vida, pero que conservan su dignidad", remachó.

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá hoy, cuando el frío hace ya días que ha llegado, un centro de acogida donde los indigentes puedan dormir durante el invierno. El equipamiento, situado en la calle de Almogàvers, en el distrito de Sant Martí, cuenta con 60 plazas que se sumarán a las 140 ya existentes en otros centros. El servicio funcionará hasta marzo.