El fiscal rechaza que Terra Mítica actúe como parte perjudicada en las facturas falsas

La Fiscalía rechaza la personación de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA como parte perjudicada en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia por delito fiscal a través de facturas falsas contra 17 empresas, entre ellas la propia Terra Mítica. La semana pasada los abogados de Terra Mítica presentaron en el juzgado la solicitud de personación por entender que podrían ser perjudicados si se demostraran unas prácticas ilegales que el consejo de administración nunca hubiera avalado. La Fiscalía entiende que el planteamiento es justo al revés y que hasta que no se demuestre lo contrario Terra Mítica sería responsable civil. La fiscalía comunica al juzgado su rechazo a la personación de Terra Mítica, que le daría acceso directo a cada uno de los movimientos que se produzcan en las diligencias de investigación. La Fiscalía explicó ayer que será precisamente la investigación la que pueda modificar la consideración inicial sobre la responsabilidad de Terra Mítica. Si se demostrara que la supuesta participación de la sociedad en el entramado de facturas falsas fue hecha a espaldas de los órganos de decisión y respondió a la acción individual de alguien entonces se abriría la posibilidad de que efectivamente Terra Mítica se personara como acusación, como perjudicada.

El Juzgado de Instrucción número tres de Valencia toma hoy declaración a parte de los 24 imputados en la trama de facturas falsas, responsables de las 17 empresas contra las que la Fiscalía presentó la denuncia hace dos semanas. De esas empresas, seis aparecen como centro de las operaciones a través de las cuales evadieron el pago a la Hacienda Pública de 4,4 millones de euros usando facturas falsas y recurriendo a sociedades pantalla, empresas que han tenido nula o escasa actividad. Entre los denunciados por la Fiscalía e imputados por el juez Francisco de Asís Sanchis se encuentra el empresario Vicente Conesa (quien ya estuvo relacionado con una supuesta adjudicación irregular de proyectos por parte del Ayuntamiento de Benidorm en 1995, con Eduardo Zaplana como alcalde) y tres miembros del consejo de administración en los años investigados, ejercicios 2000 y 2001. Algunos de los imputados en la causa -cuyo origen fue una denuncia de la Agencia Tributaria a Fiscalía- no habían sido citados aún ayer porque las empresas con las que se relacionan ya no existen. Las próximas declaraciones están previstas para el jueves.