Un juez ordena derribar en Latina una valla levantada en suelo público

Los residentes de la calle de Cullera (distrito de Latina) están de enhorabuena. Llevaban más de tres años de conflicto con las comunidades de propietarios de los números 66 y 68 de la cercana calle de la Alhambra. Se enfrentaban por la valla que estos últimos levantaron para cerrar un terreno y convertirlo en su aparcamiento. El problema se creó porque la valla ocupó parte de unos terrenos que pertenecen al Ivima y cerró un paso peatonal que los vecinos de la calle de Cullera llevaban décadas utilizando.

El asunto acabó en los tribunales. Finalmente, la juez resolvió a favor del Ivima, al que reconoce la titularidad del terreno, por lo que la valla, que lleva tres años en pie, dividiendo al barrio, tendrá que desaparecer. Los vecinos de Alhambra han presentado recurso.

A vista de pájaro, la calle de Cullera tiene forma de círculo. Son ocho torres -con 75 viviendas cada una- incrustadas en el triángulo que forman las calles de Cuart de Poblet, de la Duquesa de Parcent y de la citada Alhambra. Los inmuebles de estas tres vías dejan prácticamente aislados a los vecinos de Cullera, que para vehículos sólo tienen una entrada y una salida. A nivel peatonal, además de estos dos accesos, las 600 familias (gente mayor, en su mayoría) que residen allí encontraban algunas salidas entre los edificios. El paso entre los números 66 y 68 de la calle de Alhambra era uno de estos accesos. Además, "era el único por el que podría entrar un vehículo en caso de emergencia", explica Margarita Fernández, vecina de Cullera y una de las que más se está moviendo en contra de la valla. Como ella, otros vecinos utilizaban el paso también para salir a la calle de Alhambra, donde están los principales servicios del barrio, como el autobús o el metro. Hasta 2002.

Ese año, estas dos comunidades de vecinos levantaron una valla -portón incluido- que cerraba el espacio que queda tras los dos edificios. El objetivo final, con la preceptiva licencia municipal, legalizar y cerrar el espacio que llevaban años utilizando como aparcamiento para sus vehículos.

Los vecinos de Cullera no daban crédito. Ahora, cuando se dirigiesen a determinados lugares, quedaban a merced de la voluntad del cura de la parroquia de la Crucifixión (se puede pasar a través de la iglesia, pero sólo si se dejan abiertas las puertas), o tenían que dar un rodeo de aproximadamente medio kilómetro. "Y aquí hay mucha gente mayor que no le resulta fácil desplazarse", explica un vecino.

"Ese terreno no es suyo, es del Ivima [Instituto de la Vivienda de Madrid]", argumentaban los afectados. Algunos llevan 45 años en el barrio, y casi todos habitan viviendas del Ivima. Se lo expusieron a los inquilinos de Alhambra para que no levantaran la valla. Éstos no hicieron caso. El Ayuntamiento les había concedido la licencia, argumentaban. Pensaban que estaban en su derecho, y justificaban la necesidad del aparcamiento por la "presencia constante de cristales, defecaciones y ropa abandonada" que se acumulaba en el lugar.

El Consistorio, al que los vecinos acudieron a reclamar, avalaba la operación. El cerramiento "es perfectamente legal según los criterios que tiene que atender el Ayuntamiento", explicó en su día Nieves Sáez de Adana, concejal de Latina. "Se concede la licencia sin perjuicios a terceros. Es decir, se da el permiso al margen de quién sea el propietario", argumentó.

700 metros

El propietario era el Ivima, al menos en parte. Y éste no se quedó quieto viendo cómo se quedaba sin 700 metros de su terreno. Hizo valer sus derechos como propietario y, según se lee en la sentencia, el 10 de junio de 2004, el director gerente del organismo dictó una resolución por la que acordaba "la recuperación posesoria del inmueble" y requería a los vecinos de la calle de Alhambra que en el plazo de 10 días procedieran de forma voluntaria a la "retirada del cerramiento". Se presentó un recurso.

Entremedias, la situación se encalló. El representante de los dueños de la valla fue amenazado. Hubo una demanda.

Ajena a todo esto, la justicia siguió su cauce hasta el pasado mes de septiembre. El día 29 de ese mes, Ana Monreal Díaz, juez sustituta del juzgado número 18 de lo contencioso administrativo de Madrid, ha desestimado el recurso. Los terrenos sí son del Ivima, dice la juez. La valla tiene que ser demolida, por tanto. Los inquilinos de la calle de Alhambra han hecho valer su derecho y han presentado recurso de apelación contra la sentencia. El recurso se encuentra en trámite.

En cualquier caso, tanto los vecinos de Cullera como el propio Ivima muestran su satisfacción por la sentencia y sólo esperan que el Tribunal Superior de Justicia confirme lo que han definido como una sentencia "clara". "Entendemos que se trata de una sentencia justa que no hace otra cosa que devolver al Ivima lo que es suyo y, en definitiva, de toda la sociedad madrileña", explica Domingo Menéndez, director gerente del Ivima.

Este organismo anuncia que destinará el terreno a "promover viviendas sociales y residencias públicas para mayores", añade Menéndez. Aún así, con el apoyo de los vecinos afectados, ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia para recuperar sus terrenos.

Los vecinos afectados, más pragmáticos, no entienden del todo la decisión del juez. Manuel es vecino de Cullera y desconoce la decisión del juzgado. Informado, una sonrisa le cruza la cara. "Ya era hora, porque necesitamos el paso", cuenta, pero matiza: "Si el juez dice que el terreno no es suyo [de las comunidades de Alhambra, 66 y 68], ¿por qué no tiran la valla ya?".