La modernización del Estado de bienestar

Una de las argucias dialécticas del pensamiento único consiste en explicar que para distribuir la riqueza antes es necesario crecer. Pero ocurre que en la mayor parte de las ocasiones por muy bien que vaya la economía nunca llega el momento de la redistribución. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), hecha pública hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra con nitidez esta excusa retórica: en la última década, a pesar de que la economía española ha crecido sistemáticamente por encima de las de los países de nuestro entorno, las condiciones de distribución de la renta y la riqueza siguen estancadas en los mismos parámetros que antes.

El mapa que traza la ECV es desconsolador, y cuestiona muchos de los datos de la coyuntura más superficial: una de cada cinco personas que vive en España (casi nueve millones de ciudadanos) se encuentra por debajo del umbral de pobreza relativa, que se estima en poco más de 5.000 euros anuales, unos 369 euros mensuales. Esa tasa de riesgo de pobreza es mayor en las mujeres (20,8%) que en los hombres (19%). Los grupos más afectados son las personas de 65 años o más (el 29,6%) y las zonas geográficas más implicadas, Extremadura (37% de personas por debajo del umbral de pobreza) y Andalucía (31,1%), datos que deberían servir también para el debate sobre el modelo territorial.

Como hace mucho que las principales fuerzas políticas renunciaron a un mayor esfuerzo distribuidor a través de la política fiscal, es muy positivo que en estos momentos esté en marcha un nuevo capítulo del Estado del Bienestar, como es la aprobación en España de una ley de dependencia o de autonomía personal, el cuarto pilar del welfare tras las pensiones, la educación y la sanidad universal.

Si no se tuercen las cosas, en el plazo de un mes el Gobierno quiere aprobar el anteproyecto de ley de dependencia, que instituirá el derecho de todo ciudadano dependiente, por el mero hecho de serlo, a ser atendido por el Estado. Se trata de una modernización del Estado del Bienestar para acercarlo a la realidad de los países de nuestro entorno. Alrededor de 1,1 millones de ancianos (recuerden, el colectivo más afectado por la pobreza relativa, según la ECV) y discapacitados necesitan ayuda para las actividades cotidianas, y casi dos millones de ciudadanos más requieren de algún servicio externo para desenvolverse. La situación comparativa es muy mala: en España sólo hay plazas residenciales para tres de cada cien personas mayores de 65 años (frente a siete, de media europea); el servicio de ayuda a domicilio da cobertura sólo a un 2% de la población; y la teleasistencia, a un mínimo 1% de la población mayor y discapacitada. Si se tiene en cuenta el resto de los capítulos que atenderá la ley de dependencia (centros de día, viviendas tuteladas, estancias temporales en residencias, etcétera), los porcentajes son aún más desalentadores.

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, el coste de esta ley, cuando dentro de ocho años esté plenamente en vigor, puede llegar a un 1% del PIB. Todavía quedan dudas que despejar: quién y cómo se financiará (no será con cargo a la Seguridad Social, sino a través de impuestos), y si se tratará de un derecho universal y lineal, o si los ciudadanos deberán participar en relación a su renta y riqueza. En un muy interesante estudio para la Fundación Largo Caballero, el catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, Vicens Navarro, recuerda algunas tendencias que deben servir para este debate: España tiene el gasto público por habitante en protección social más bajo de la UE de 15 miembros, el grupo de países más próximo a nosotros por su nivel de desarrollo económico. Lo que significa que España se gasta en su Estado del Bienestar mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza.

Algunos neoliberales ya han respondido que esta iniciativa se relaciona con la campaña socialista para recuperar la distancia perdida en los sondeos. Da igual con qué intención se hace: la ley de dependencia supone una modernización del Estado del Bienestar tan significativa como oportuna. Los ciudadanos deben aprovecharse del momento.