Las demandas judiciales por accidentes en la vía pública superan ya las 500 anuales

Las reclamaciones presentadas ante los tribunales por accidentes en la vía pública responsabilidad de las administraciones crecen sin cesar en Euskadi y ya superan las 500 anuales, cifra que quintuplica la que se daba en 1996. "Los ciudadanos han llegado a la tolerancia cero y cuando sufren un percance en un espacio público, prácticamente no hay nadie que no reclame", indican fuentes judiciales. Casi la tercera parte de las reclamaciones registradas en 2003 se dirigieron contra las diputaciones. Sólo la mitad de los casos concluye con un resultado favorable al demandante.

Las denuncias judiciales de este tipo resultan muy variadas, aunque una tipología se repite según donde se produzca el precance. Respecto las carreteras, se suceden las reclamaciones por accidentes debido a obstáculos inertes, como manchas de aceite u objetos caídos de camiones (piedras, ruedas o cargamentos de tierras), o por animales, principalmente jabalíes, caballos, zorros y perros. A ellas se unen las incidencias meteorológicas, como el hielo o las balsas de agua. En los espacios públicos municipales, la denuncia más común deriva del mal estado de las aceras, a la que siguen las tapas de registro mal colocadas o los incidentes en las áreas de ocio infantil en las plazas.

Estos casos de responsabilidad patrimonial cuentan con más protección en el País Vasco y el resto de España que en otros países europeos, ya que es un derecho garantizado por la Constitución. "Esta noción de resarcimiento no tiene en ningún sitio de Europa esa elevación a rango constitucional", destacan fuentes del Tribunal Superior vasco, cuya Sala de lo Contencioso Administrativo ha sido, hasta 2004, la encargada de tramitar estas reclamaciones. Desde febrero de ese año, estos casos pasaron a los juzgados de las audiencias provinciales para que el Superior se limite a las funciones de apelación y casación.

Hasta 1996, se recibía cada año una media de un centenar de denuncias por accidentes en la vía pública. En 1997, empezó la tendencia ascendente, con 233 casos, y en 1999 se alcanzaron ya los 390. En 2000, se presentaron 401 demandas; al año siguiente se llegó a la mayor cifra registrada hasta ahora, con 526 casos; en 2002, la cifra bajó a 482 y en 2003 subió de nuevo hasta las 508 denuncias.

Más de la mitad de las reclamaciones se dirigen contra los ayuntamientos: 334 del total de 508 hace dos años. Las diputaciones acaparan gran parte de las quejas, aunque en los últimos cuatro años se ha dado un cambio notable. Guipúzcoa era la que más denuncias recibía -llegó a 93 en 2001-, pero en 2002 y 2003 bajó a las 54. En cambio, Vizcaya, que en 2000 registró 61 denuncias, subió a 110 en 2003. Álava presnta, con diferencia, el menor número de casos: en 2001 sumó 20, pero en 2003 se redujeron a 10.

Obligación de la prueba

Cada territorio o municipio tiene su tipología de casos. En San Sebastián se presenta gran cantidad de denuncias por accidentes en los alcorques de los árboles, sufridos en su mayoría por ancianos. En Bilbao, se suceden reclamaciones por resbalones en las aceras. "No todas tienen éxito, porque en en ese caso habría un seguro universal de accidentes. Es necesario una relación causal entre el funcionamiento del servicio y la lesión", aseguran las fuentes informantes. Además, el reclamante tiene que probar ante el juez su conducta.

Las administraciones han visto cómo en los últimos años ha aumentado su responsabilidad en casos como accidentes de tráfico causados por manchas de aceite o gasóleo. "Antes no tenía que responder, pero ahora, si pasa más de media hora desde que se produce el derrame y no lo subsana, es su responsabilidad. ¿Cómo saben cuando se ha producido el derrame? Es un problema de prueba bastante importante". Por ello, la mayoría de los pleitos favorables a los ciudadanos derivan de accidentes en la carretera.

Las fuentes consultadas aseguran que los pleitos ganados por los ciudadanos no llegan a la mitad de las denuncias presentadas, en muchos casos por la dificultad de las pruebas. Las resoluciones siguen tardando una media de cuatro años en emitirse, aunque este plazo ha bajado desde febrero de 2004, cuando empezaron a ser estudiadas por los juzgados de las audiencias. "Lo del pasado año se está resolviendo ahora, pero ha empezado el atasco y ahora tardan ya 14 meses. En el Superior estamos todavía con asuntos de 2001", añaden dichas fuentes.

El notable número de pleitos ha motivado mejoras importante en las carreteras y los espacios públicos, aunque los jueces destacan que los casos son "cada vez más complicados".