Mantener privilegios educativos
De nuevo voces reclamando libertad por las calles de Madrid: libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, amenazada, según los manifestantes, por la LOE, la nueva Ley Orgánica de Educación. Hablemos pues de libertad en la educación, aunque sea por enésima vez, y corramos el riesgo de aburrir a la ciudadanía.
¿Existe hoy un impedimento para que los padres elijan el centro escolar que desean para sus hijos? En términos legales, ninguno; en términos reales, hay dos limitaciones. La primera referida al desequilibrio que puede producirse entre la oferta y la demanda. En este caso, hay una normativa que regula la puntuación de cada familia, normativa conocida e igual para todas ellas. La segunda limitación es de orden económico: aunque la escuela concertada es legalmente gratuita en los tramos de escolarización obligatoria, hay, de hecho, muchas escuelas concertadas -no todas, desde luego, y hay que subrayarlo- que, con excusas más o menos explícitas, cobran cuotas a las familias y hacen imposible así el acceso a estos centros de una parte de la población.
Aun con estas limitaciones, las cifras muestran que las familias obtienen una plaza en la escuela deseada en una proporción altísima de casos. En Barcelona, durante el periodo de preinscripción de este año, las plazas solicitadas en primer lugar fueron obtenidas en el 90% de los casos; es decir, 9 de cada 10 familias pudieron acceder al centro deseado. Estos porcentajes son muy similares para la escuela pública y la concertada: 91% en el primer caso, 89% en el segundo. El 10% restante obtuvo una plaza en alguno de los centros solicitados en segundo o tercer lugar, y fueron muy pocas las familias a las que se atribuyeron plazas en escuelas que no habían elegido; e incluso en este caso hay un proceso de ajuste que hace que la atribución de una plaza se acerque en la mayor medida posible a los deseos familiares.
Esta es la situación actual: la LOE la mantiene escrupulosamente. Lo único que hace es establecer unas garantías de gratuidad; es decir, establecer que los centros, públicos o concertados, no podrán recibir dinero de los padres por impartir las enseñanzas gratuitas. Es más, la LOE excluye explícitamente de esta condición las actividades extraescolares y las complementarias, con lo que abre la puerta de nuevo a aportaciones familiares diversas. Y al mismo tiempo, el acuerdo básico alcanzado a principios de este mes entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las organizaciones sindicales representativas del profesorado de las escuelas concertadas sienta las bases para una progresiva equiparación respecto del profesorado de la escuela pública tanto en el aspecto salarial como en las condiciones laborales y de formación. Si de algún modo podemos considerar la LOE es precisamente como un proyecto de ley excesivamente moderado, dada la voluntad del Gobierno de llegar a un amplio consenso educativo.
¿De qué limitación de la libertad de elección estamos hablando entonces? Es evidente que la argumentación relativa a la libertad de elección esgrimida contra la LOE no tiene ningún fundamento. Al mismo tiempo, si nos referimos a la otra gran reivindicación de la manifestación, la exigencia de religión obligatoria y evaluable en todos los centros, en alguna de sus versiones confesionales o no, lo que se está pidiendo es precisamente lo contrario de la libertad de los padres: ¿dónde quedaría la de aquellos que no desean que sus hijos tengan la religión como materia obligatoria? Desde ningún sector de la Iglesia se ha dado todavía respuesta a esta contradicción tan patente. Y es que la Iglesia española tiene poco hábito de luchar por la libertad, y de respetar la ajena, incluso en el ámbito educativo, en el que luchó ferozmente en el pasado contra la libertad de cátedra. Difícil lo tiene hoy para presentarse como adalid de la libertad.
¿A qué viene, entonces, tanta movilización?
Nuestra situación educativa lleva aún la impronta del franquismo, que en este ámbito no hemos superado suficientemente. La no construcción de escuelas públicas durante tantos años generó un crecimiento de los centros privados que nos ha conducido a una escolarización atípica entre los países de la OCDE. Sólo Bélgica y Holanda, con características escolares muy distintas de las nuestras, tienen un mayor porcentaje de educación privada en la escolarización primaria. Los demás países europeos -y para el conjunto de la OCDE todos menos Australia- escolarizan a sus niños y niñas en la pública en una proporción superior en todos los casos al 85%, mientras que España lo hace sólo en el 67%. Es decir, casi todos los países han optado por una escuela pública mayoritaria, que incluye y da coherencia al conjunto de la población, mientras que la escuela privada queda limitada a una minoría, perteneciente generalmente a una élite social y cultural o a grupos religiosos reducidos.
En España no ha sido así: la escolarización pública es mucho menor y, en algunas zonas, como Barcelona, minoritaria, con aproximadamente el 40% del alumnado en primaria. Es decir, la educación pública puede convertirse en una educación marginal, destinada al sector pobre de la población, y, por tanto, rechazada por la clase media. Ésta tiende efectivamente a utilizar los centros privados. ¿Acaso son éstos mejores?
Los datos del último informe de la OCDE tienden a mostrar que no es así; si bien hay diferencia en los logros obtenidos en matemáticas entre centros públicos y concertados, esta diferencia queda casi totalmente anulada cuando neutralizamos la procedencia social y cultural del alumnado. Es decir, la escuela pública obtiene peores resultados porque escolariza a los sectores que poseen menor capital cultural. Estos sectores, dada la financiación pública de la escuela concertada, debieran distribuirse entre todos los centros para hacer posible la igualdad de oportunidades.
Todo ello nos conduce a una conclusión muy clara: los gritos de libertad están clamando, en realidad, por el mantenimiento de una escuela segmentada, diferenciada por niveles sociales, que mantenga unas mayores oportunidades para los sectores acomodados, y que lo haga con dinero público. Las familias que acudieron a Madrid tal vez se sientan amenazadas; los dirigentes que las convocan saben perfectamente que ni la concertada está en peligro ni la LOE la debilitará en lo más mínimo; pero, por si acaso, consideran que es mejor lanzar el ataque y mostrar las uñas, no se fuera a perder un ápice de sus privilegios.
Marina Subirats es concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona.
