El juez da la razón al Ayuntamiento e impide abrir la discoteca Adraba

La sala Adraba -la antigua discoteca Alcalá 20- no podrá abrir sus puertas mientras el Ayuntamiento no le conceda la licencia de funcionamiento. Un juez dio ayer la razón al gobierno municipal y revocó, tras escuchar a las dos partes, el auto con el que la víspera había autorizado provisionalmente la apertura del local. Los gestores de la sala acatan la decisión judicial, pero insisten en que, según la Ordenanza de Licencias, el permiso quedó automáticamente concedido por la tardanza del Ayuntamiento en contestar (silencio administrativo). El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, replicó ayer que esa ordenanza no puede aplicarse en ciertos casos.

Tras varias semanas de tira y afloja con el Ayuntamiento, la discoteca Adraba -nuevo nombre de Alcalá 20, la sala que ardió en 1983 provocando 82 muertos- fue inaugurada el miércoles por la noche con un pase privado para 200 personas. Lo hizo gracias a que el juzgado número 12 de lo contencioso-administrativo de Madrid dictó una "medida provisionalísima" autorizando la apertura, después de que la Junta Municipal de Centro notificase a los dueños de la sala la orden de "cese de actividad y precinto inmediato".

Esa medida provisional tenía vigencia hasta ayer, cuando el mismo juez citó a las dos partes y escuchó sus argumentos. El del Ayuntamiento es que no puede conceder la licencia de funcionamiento mientras la sala no cumpla "todos los requisitos de seguridad", algo que a juicio de la Junta de Centro, dirigida por el concejal Luis Asúa, no se da en este momento. El local, alega Asúa, alberga en el segundo sótano, a 6,40 metros de distancia de la calle, una zona estancial donde caben 73 personas -cuando, según la normativa antiincendios, la distancia máxima es de cuatro metros-, y dos de las tres salidas de emergencia se anulan porque conducen al mismo punto de salida a la calle.

La empresa fSmgroup, gestora de Adraba, replica que cumple todos los requisitos, que así lo acreditó un informe de Protección Civil -departamento dependiente de otro concejal, Pedro Calvo- y que, además, obtuvo la licencia de funcionamiento hace dos meses "por silencio administrativo".

La Ordenanza de Tramitación de Licencias, aprobada por el pleno municipal hace un año -y promovida por el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón con el objetivo declarado de "agilizar" los procedimientos administrativos-, establece en su artículo 59.e que, "transcurridos dos meses" desde la solicitud de licencia "sin que se haya realizado la inspección o resuelto expresamente sobre la licencia", ésta "quedará automáticamente concedida por silencio administrativo". Los responsables de Adraba presentaron la solicitud de licencia el 17 de julio de este año.

"El dato decisivo es si existe o no licencia de funcionamiento", señala el juez en su auto de ayer, para a continuación zanjar: "La pretensión de la actora [fSmgroup] de haber adquirido por silencio administrativo la licencia es una cuestión de fondo ajena a este trámite procedimental". "Nos encontramos en presencia de una orden de clausura y precinto, por lo que mientras no se produzca la legalización se están irrogando graves riesgos para el interés público, las personas y las cosas", argumenta el juez para dictar la revocación de su auto anterior e impedir así la reapertura de la discoteca.

"Precinto inmediato"

"Estamos muy agradecidos al juez por la celeridad con la que ha actuado. Entendemos los intereses legítimos de los empresarios, pero por encima de eso está nuestro deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Hasta que este local no cumpla al 100% las normas de seguridad, no tendrá licencia. Y si abre será inmediatamente precintado", afirmó el vicealcalde, Manuel Cobo, tras conocer el auto. Cobo sostuvo que "en un caso como éste, donde está en juego la seguridad", no puede aplicarse la ordenanza en lo referente al silencio administrativo, pero agregó que el gobierno no se ha planteado corregir esa normativa, que ahora no distingue entre casos.

De igual forma se manifestó por la mañana el alcalde, quien, preguntado por si el Ayuntamiento está obligado a cumplir sus propias ordenanzas, afirmó: "Una licencia de funcionamiento no puede acogerse al silencio administrativo. No hay precedentes de que un tribunal haya concedido una licencia por ese motivo".

FSmgroup emitió un comunicado en el que acata el auto judicial "a expensas de la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento", porque el recurso que presentó contra el Ayuntamiento sigue adelante. Mientras no haya resolución firme, "el equipo gestor ha decidido el cierre del local".