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Una fundación del PP hizo menos del 50% de las casas que prometió para Honduras

La portavoz socialista reprocha al Ayuntamiento que no adoptase medidas contra los patronos

Una auditora contratada por el Ayuntamiento de Madrid para fiscalizar los proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por las arcas municipales ha destapado nuevas irregularidades en un programa de la Fundación Humanismo y Democracia, que pertenece al PP. En este caso la auditoría reveló que la organización construyó menos de la mitad de las 100 casas para damnificados del huracán Mitch en Honduras, prometidas en un programa que recibió 255.986 euros del Ayuntamiento en 2000. Según el expediente del programa, el equipo de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón conoce los hechos desde octubre de 2003. "Pero aún no ha tomado medidas", afirmó la portavoz del grupo socialista, Trinidad Jiménez.

La Fundación Humanismo y Democracia obtuvo en 2000 una subvención de 42.592.618 pesetas (255.986 euros) para un proyecto en Honduras que consistía en construir 100 casas para los afectados del huracán Mitch, que asoló el país en octubre de 1998.

El Ayuntamiento aportó el 40% del coste total -99.667.276 pesetas (599.012 euros)- para construir 46 de las casas, mientras que el resto debía levantarse con las aportaciones de la Generalitat de Valencia (32 viviendas) y del Gobierno de Honduras (22). El plazo de ejecución finalizaba el 16 de diciembre de 2001.

La normativa municipal obliga a la fundación a enviar un "informe final" al Ayuntamiento para justificar el uso del dinero. En este documento, de fecha 3 de julio de 2002 y que forma parte del expediente municipal del proyecto -numerado como 00/69-1214-, la organización certifica que "las obras realizadas en el proyecto (...) se llevaron a cabo en su totalidad".

Además, aportaba dos certificados de la Unión Nacional de Campesinos (UNC), la organización con la que trabajaba en Honduras: uno con fecha 30 de marzo de 2001, donde especificaba que 32 casas se habían edificado con la aportación de la Generalitat, y otro de 30 de abril de 2002, que afirmaba que 46 viviendas estaban finalizadas con cargo a los fondos del Ayuntamiento.

Sin embargo, una investigación de la consultora PriceWaterhouseCoopers -adjudicataria del concurso municipal para revisar los proyectos de cooperación- determinó que las casas no estaban terminadas. Tras visitar en julio de 2003 los lugares donde se habían construido las viviendas,la auditora determinó que había 47 finalizadas y 17 en construcción.

Su informe añadía que "según la contraparte local", 46 viviendas pertenecían al Ayuntamiento y había una de la Generalitat de Valencia. Pero también señalaba la contradicción de que la fundación le había certificado a la Administración valenciana que ya había levantado las casas previstas, por lo que, según afirmaba la auditora, "32 de las casas ya habían sido realizadas con anterioridad a recibir la financiación por parte del Ayuntamiento de Madrid". Es decir, sólo 15 de las 47 casas ya construidas lo habían sido con dinero municipal, y entonces la fundación había mentido al Consistorio, o bien con el dinero de la Generalitat sólo existía una casa terminada y, por tanto, la organización no le había dicho la verdad a la Administración catalana.

En respuesta a esta auditoría, Humanismo y Democracia envió tres informes al Ayuntamiento: uno el 10 de junio de 2003, otro el 20 de enero de 2004 y un tercero el 30 de abril de ese mismo año. En ellos, la fundación justifica la situación diciendo que "ha existido mala información" por parte de UCN "y la que ha llegado no correspondía a la realidad". También recalcaba que "nadie se ha lucrado, pues los fondos han sido transferidos y gastados en el proyecto en su totalidad". La fundación también reprocha a la auditora haber hecho un informe erróneo, para luego reconocer que no están construidas todas las viviendas. En enero de 2004, la fundación afirma: "Hemos comprobado la existencia de 49 viviendas totalmente terminadas". De ellas, continúa, 25 son del Ayuntamiento y 24 de la Generalitat. Además, constata 17 en construcción: "13 son del Ayuntamiento, y 4, de la Generalitat". Por tanto, continúa, "quedarían por construir 34 de 100 viviendas". Según el informe, son cuatro de la Generalitat, ocho del Ayuntamiento y 22 de la contraparte local (UCN).

Las bases reguladoras de la cooperación de 1997, vigentes en el momento de la concesión de la subvención, indican en su artículo 15: "Si el proyecto no se llevase a cabo por cualquier causa o se modificase sustancialmente sin la autorización previa del órgano competente, o no se justificara en la forma prevista (...), procederá el reintegro del importe de la ayuda, más los intereses de demora, en su caso".

A finales del presente mes se cumplen cuatro años del plazo en el que debían estar terminadas las 100 viviendas. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid no ha requerido a la organización para que devuelva el importe de las que faltaban por hacer cuando se cumplió el plazo de ejecución del proyecto, en diciembre de 2001.

Tampoco la organización lo ha hecho por iniciativa propia. Según las fuentes consultadas, no todas las organizaciones no gubernamentales ejecutan al 100%, pero cuando no lo hacen en plazo devuelven de forma voluntaria parte de los costes, más los intereses de demora.

Rafael Rodríguez, miembro del patronato de la fundación, afirmó ayer que lo sucedido con este proyecto "forma parte de la normalidad del trabajo de las ONG con países en desarrollo". También recalcó que "nadie se ha llevado nada". Y continuó: "Nosotros hicimos nuestra auditoría, que la fundación pagó con sus fondos, y no coincidía con la auditora. Según nuestros datos, la fundación cumplió".

Rodríguez reconoció que a día de hoy quedan ocho viviendas por construir. "Son de las que corresponden a la contraparte. El dinero español se ha usado correctamente", subrayó.

Trinidad Jiménez: "¿Dónde está el dinero público?"

"Exigimos que el PP aclare todo", afirmó ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, que se preguntó: "¿Dónde está el dinero público?".

También subrayó que denunciar la "actividad irregular de una ONG no puede poner en entredicho la labor del resto" e insistió en que el conjunto de las organizaciones "hacen una labor muy digna y comprometida con una fuerte vocación social".

Jiménez aclaró que la investigación de las actividades de la Fundación Humanismo y Democracia se enmarca en la labor de control de la oposición al trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón (PP). "Cuando recibimos una denuncia, o hay dudas sobre la gestión, actuamos", recalcó. "Es el trabajo del concejal. Que no crea nadie que hemos abierto una investigación contra el funcionamiento de una ONG de un lado o de otro".

Para ello, explicó, el grupo municipal socialista ha seguido los cauces previstos por la normativa del Consistorio. "Hemos pedido los expedientes para estar en condiciones de formular esta denuncia", agregó.

Según Jiménez, es "un escándalo que una organización que tiene la obligación de llevar a cabo un hecho tan sensible como procurar un techo a los damnificados por el huracán Mitch [que arrasó Centroamérica en octubre de 1998] no haya cumplido con su obligación". La portavoz socialista también reprochó al Ayuntamiento su pasividad: "Por lo que sabemos, el Ayuntamiento tenía conocimiento de esto desde octubre de 2003 y, sin embargo, no ha actuado ante un escándalo de esta envergadura. Tenía que haber actuado con más diligencia, exigiendo la devolución del dinero o abriendo una investigación".

Jiménez recordó que el vicealcalde, Manuel Cobo, había anunciado que el Interventor General del Ayuntamiento investigaría las irregularidades cometidas por esta organización en sus proyectos, que EL PAÍS reveló el pasado 8 de noviembre y se preguntó qué ha sido de ella.

"Por exigencia ética el alcalde debe adoptar medidas de investigación, de control y también sanciones", manifestó.

"No se me ocurre que en ningún momento el alcalde pueda amparar este tipo de actividades y obstaculizar una investigación, pero debe ser el propio alcalde el que pida una investigación", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de diciembre de 2005

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