A contracorriente

El derecho de competencia europeo impone a las empresas que gozan de una posición de dominio en el mercado una "responsabilidad especial": preservar la competencia en el mercado, actuando como si carecieran del poder de elevar los precios por encima de sus niveles competitivos. En definitiva, que actúen con responsabilidad. Al margen del símil económico, esto en nuestro país no ocurre con demasiada frecuencia. Los reproches entre políticos y la cacofonía en los medios de comunicación tienen muy poco que ver con los problemas reales en cada hogar.

Este sábado, miles de manifestantes convocados por el PP se concentrarán en la madrileña Puerta del Sol en protesta por lo que dicen serán "las nefastas consecuencias del Estatut tanto para Cataluña como para el resto de España". En amplias capas de la población se ha instalado el mensaje de que el Gobierno no sólo está dispuesto a "romper España", sino también a cargarse la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos, la de los curas para enseñar religión,... Cabe preguntarse qué pensaría un ciudadano que ha estado ausente e ignorante en los últimos años del discurrir de nuestra vida pública y se reencontrara de pronto con la realidad política española. Comprobaría que persisten los dos problemas más incómodos de nuestra democracia: la "cuestión nacional" y la violencia terrorista. Se percataría, además, de que hay un clima político enconado y, por último, llamaría su atención la presencia de unos gobernantes nuevos no previstos.

Llevamos siglos dando vueltas a los temas de identidad como si fuera un destino y, casi siempre, cualquier propuesta de solución a ese rompecabezas, por razonable que pueda parecer, se entrecruza con otros asuntos y se vuelve un arreglo coyuntural. Y todo eso en el clima de tensión mencionado, donde lo preocupante no es la bronca en sí, sino el rencor que denota. Pocos ya dudan en el PSOE de que la bajada en las encuestas se debe a lo que denominan "el ruido" que ha rodeado la negociación del borrador del nuevo estatuto de Cataluña. Los ataques populares al ministro de Industria están dirigidos a desprestigiar un elemento clave en la negociación del Estatuto catalán. Y por eso están convencidos de que el PP seguirá intentando convertir las discrepancias en escándalos, llámense condonación de una deuda al PSC, vuelos de la CIA o comunicado de ETA.

En este contexto, Rajoy debería marcarse un reto: abrir una nueva fase en la labor de oposición, rodeándose de un equipo más adaptado a las necesidades estratégicas de un partido que aspira a reconquistar el poder. Debe ser él quien amplíe la nómina de colaboradores directos para que su imagen adquiera tonalidades de centro. Escribió Guy Hermes que el populismo "presenta como respuesta instantánea problemas que ningún gobierno tiene la facultad de resolver de manera repentina". Rajoy debería liderar con su criterio los sectores más modernos del espectro popular. Que los hay. Y trasladarlos a comunidades como Euskadi, donde la paz debe ser fruto de un ejercicio de carpintería política y lo que queda de año debería ser una oportunidad de oro para terminar con todas las inercias del pasado. Así, la actual derecha debería meditar sobre su incapacidad para tejer alianzas fuera y dentro de Euskadi, y no correr el riesgo de quedarse hipotecada por una minoría intransigente, y alejarse así de una España que gestiona las diferencias con naturalidad. Porque los problemas son consustanciales a las sociedades modernas.

Una vez más, se vuelve a poner de manifiesto que cuando se pierde el sentido del Estado y se entra en la pugna partidista las consecuencias son perniciosas. Es el caso de la LOE. El último informe anual de la OCDE confirmaba la crisis de la educación en España. De entre los 30 miembros de esa organización, nuestro país estaba en la parte baja en gasto educativo -4.900 euros anuales por alumno, frente a una media de 6.100-. El fuerte crecimiento económico de las dos últimas décadas no ha tenido reflejo proporcional en la enseñanza. Un factor fundamental para el éxito de cualquier reforma educativa es su capacidad de lograr el mayor consenso posible. Y ahí el PP tendría mucho que decir.