Justicia: ¿quién gana y quién pierde?

Hace unos días se presentó en Barcelona el llamado Libro Verde de la Administración de justicia, promovido por el Departamento de Justicia de la Generalitat. El extenso trabajo fue calificado por el profesor Pablo Salvador, uno de los expertos que debatieron su contenido, de "auténtica mina". Y el calificativo es plenamente acertado, dada la gran cantidad de información que se recoge en el libro y las potencialidades de reforma que introduce. El volumen tiene un ilustre precedente en el Libro Blanco de la justicia elaborado por encargo del Consejo General del Poder Judicial en 1997. Ya en aquel informe se afirmaba "que existe en la sociedad un extendido estado de opinión que refleja una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la Administración de justicia, y que afecta, o puede afectar muy negativamente, a la confianza del pueblo español en ella". En aquel entonces las instituciones judiciales ocupaban uno de los lugares más bajos en la credibilidad de los españoles, siendo calificada con un rotundo suspenso (3,6 sobre 10). Más de la mitad de los encuestados opinaban que la justicia funcionaba mal. El Libro Blanco tampoco era demasiado más compasivo con la forma de funcionar de la justicia, y en el informe abundaban los epítetos de "obsoleta", "ineficaz", "deficiente", "lenta", etcétera.

Ocho años después, la situación en España no ha mejorado (como recogía el lunes este mismo periódico) y en Cataluña tampoco podemos sentirnos demasiado satisfechos con lo que tenemos. En la encuesta que el Libro Verde recoge, cuyo trabajo de campo fue realizado en mayo-junio de este año, cerca del 80% de los catalanes afirman que la Aadministración de justicia funciona "ni bien ni mal" (44,3%) o "mal o muy mal" (34,2%). En una escala de 0 a 10, los calificativos de "comprensible", "transparente" o "rápida" obtienen los peores valores siempre en la gama de suspenso, y sólo consiguen un aprobado justo los términos de "profesional" y de "rigurosa". Dos terceras partes de los encuestados afirman que las leyes del país no garantizan la igualdad entre todos los ciudadanos y más de las tres cuartas partes creen que la Administración de justicia no aplica las leyes igual a todos. A la hora de achacar responsabilidades, ninguno sabe bien a quién atribuirlas, ya que la percepción es de una notable confusión de competencias. Si bien existe la sensación de que la cosa va mejorando, ello se relaciona sobre todo con elementos propios del servicio (atención, algunas instalaciones nuevas, trato recibido...), pero no con el ejercicio del poder arbitral o jurisdiccional, ya que el grado de "mucha o bastante" confianza en la Administración de justicia sólo la adjudican en torno al 30% de los catalanes encuestados.

Nada de esto es demasiado nuevo, ya que si examinamos el Informe Pi Sunyer sobre la justicia en Cataluña (www.fund-pisunyer.com) del año 1998 el panorama tampoco era demasiado halagüeño. Excesiva dilación, escasa efectividad de la ejecución, deficiente calidad de la provisión, inadecuada composición de la litigiosidad y altos costes eran los epítetos que el profesor Santos Pastor mencionaba en su esclarecedora aportación. En el Libro Verde se abunda en ello. El apartado dedicado a la atención a los usuarios no tiene desperdicio y es de agradecer la valentía con la que se afrontan las graves ineficiencias detectadas. "De hecho, la función de recepción al ciudadano simplemente no se hace". Ésa es una de las primeras afirmaciones del apartado, que cuando se refiere a las llamadas oficinas de atención al ciudadano concluye que o bien no existen en algunas de las dependencias judiciales o, de existir, no siempre son fácilmente visibles ni están bien indicadas. En caso de que exista y se encuentre, queda claro que los ciudadanos no pueden conocer la situación de sus trámites, ya que dichas oficinas no tienen acceso informático ni manera de saber del caso. En el caso de los registros civiles, sólo el personal de seguridad realiza una función de asesoramiento al ciudadano, y no existe un lugar de información general en el que consultar cuál es la documentación que ha de aportarse. El informe concluye que en el asunto de la atención al usuario, resolver las dudas de los ciudadanos es cuestión de suerte o de la buena voluntad de los funcionarios. Y deberíamos añadir que esa falta de información acaba siempre perjudicando más a los que menos saben y tienen. Lo más dantesco es lo referente a la atención integral a la víctima, cuyo apartado tiene el expresivo título de Tierra de nadie. No se entra en detalles, pero se constata que la víctima no goza de asesoramiento alguno, que ha de redactar en solitario la denuncia en el juzgado de guardia y que en muchas ocasiones ha de esperar en la misma sala que el acusado y sus familiares antes de entrar en la vista oral. Una doble victimización. Y todo ello ocurre cuando, según el informe, la litigiosidad no deja de aumentar, y de hecho puede afirmarse que durante el año 2004, por cada 100 habitantes, 20 ingresaron asuntos en los tribunales catalanes.

Al final de la lectura de un texto en el que destacan muchas otras cosas (por ejemplo que el 80% de los jueces y magistrados no duran más de dos años en el lugar que ocupan), uno se pregunta quién gana y quién pierde con esa situación. Si la justicia es al mismo tiempo poder y servicio público, puede que el "poder" se preserve, pero el "servicio" da más bien pena. Y es bastante obvio que ahora, como hace muchos años, la desigualdad de recursos económicos, cognitivos y relacionales sigue situando a una buena parte de la población en una situación de indefensión y de práctica exclusión legal. La fractura legal de buena parte de la población es consentida y admitida por ese conjunto de operadores jurídicos que van más allá de jueces y órganos judiciales, como son los abogados, los fiscales, las instituciones penitenciarias y los propios ciudadanos que usan y abusan (algunos) de sus servicios. Necesitamos una auténtica política pública judicial que aborde en su complejidad e integralidad esa deficiente prestación de un servicio básico para el ejercicio de la ciudadanía. Los sucesivos informes mencionados constatan con meridiana nitidez que la cosa no va bien. Ahora sólo falta que entre todos empujemos para que, de verdad, se haga justicia. Y justicia para todos, no sólo para los que conocen los vericuetos y atajos de la maraña judicial o para aquellos que simplemente pueden pagar a alguien que lo haga por ellos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.