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Editorial:

El precio de la vida

La participación de dos atracadores con antecedentes, uno de ellos por homicidio, en el sangriento suceso ocurrido ayer en la localidad barcelonesa de Castelldefels, donde tres personas fueron asesinadas en el atraco a una joyería, reabre el debate sobre el papel de la reinserción en las cárceles. Por supuesto que el delito debe ser reprimido y el delincuente castigado, pero la sociedad debe plantearse la función de unos centros llamados a ser de reinserción social y que, claramente, no cumplen su cometido como demuestran las estadísticas de reincidencia. A la vista de sucesos como el de ayer, es lógico que la gente se pregunte cómo dos atracadores con sus historiales estaban en la calle. Lo estaban porque uno ya había pagado por sus delitos anteriores y el otro estaba en libertad en aplicación de la ley. No parece que quepa exigir responsabilidades a la autoridad por negligencia en la vigilancia.

En Castelldefels se había reforzado la vigilancia policial tras unos delitos igualmente trágicos; pero no hay posibilidad de poner un policía en cada esquina y, aunque la hubiera, tampoco eso evitaría la comisión de delitos. Lo evidente es que la capacidad del sistema penitenciario para reinsertar a los condenados sigue siendo escasa. La pasada semana se produjo el atraco con rehenes en un supermercado de Barcelona por parte de Juan Diego Redondo, Dieguito el Malo. Un hombre que ha vivido más tiempo dentro de los centros que fuera de ellos. Años de encierro no lo han reinsertado. La función que la sociedad asigna a las cárceles no se cumple. Y si el fracaso es general, habrá que averiguar por qué y acometer las reformas oportunas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de noviembre de 2005