El Congreso rechaza que se denuncien los acuerdos entre España y el Vaticano

Izquierda Verde (IV) pidió ayer votación secreta para la propuesta de reducir la actual financiación de la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado y que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede que se derivan del Concordato. Fue rechazada por 32 votos a favor, 280 en contra y tres abstenciones.

Al fijar posiciones los distintos grupos, sólo ERC y el BNG anunciaron su apoyo a la moción de IV (15 diputados en total). Coalición Canaria había dado libertad de voto, pero Luis Mardones precisó como portavoz que él votaría en contra. El PNV ni siquiera tomó la palabra en el debate. Aunque ningún diputado quiso pronunciarse, quedó claro que la moción tuvo 17 votos más que los estrictamente anunciados. Fuentes socialistas no descartaban algún voto a favor desde las filas del PP para agrandar la sensación de ruptura de la disciplina de voto.

Los portavoces de PSOE, PP y CiU dejaron claro que se oponían al contenido de la moción.

Joan Herrera, en nombre de IV, sostuvo que un Estado aconfesional, como el que define la Constitución, no concede "privilegios para confesión religiosa alguna". La Iglesia, dijo Herrera, "no gasta sus recursos en propagar el Evangelio", sino que los destina también "para las ondas del odio, las ondas del rencor".

Carmen Hermosín, portavoz del PSOE, dijo que el punto que consideraba más importante de la moción era que se inste la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Aquí fue contundente: la denuncia de esos acuerdos "no está en el horizonte de esta legislatura", ni estaba "en el programa electoral" del PSOE. Hermosín aceptó la necesidad de revisar el modelo, para el bienio 2007-2008, valorando, por un lado, las cantidades que se destinan al culto por parte de la Iglesia, pero también sus aportaciones en asistencia social.

Josep Antoni Duran Lleida (CiU) destacó con mucho énfasis "la labor asistencial de la Iglesia" y argumentó que el derecho a la libertad religiosa "hay que garantizarlo de manera real", aunque aceptó que pueda cuestionarse el método actual de financiación.

Fátima Báñez (PP) se opuso a la moción, calificándola de "demagógica", y resaltó la "labor social impagable" de la Iglesia.