Un grupo de abogados asesorará a vecinos afectados por 'asustaviejas'

Un grupo de abogados asesorará a los inquilinos que denuncien sufrir acoso inmobiliario por parte de propietarios de inmuebles o de los conocidos asustaviejas, promotores que recurren a la coacción para desalojar viviendas con rentas antiguas y ocupadas, habitualmente, por personas mayores. Esta y otras medidas son las primeras que aplica el Ayuntamiento de Cádiz contra el acoso inmobiliario.

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y el decano del Colegio de Abogados local, José Antonio Gutiérrez Trueba, suscribieron ayer un convenio por el que este colectivo profesional actuará de árbitro en casos inmobiliarios conflictivos.

"Es la forma de evitar juicios que para los inquilinos resultan costosos y que, en la mayoría de los casos, se debe a un desconocimientos de los derechos y deberes de cada uno", explicó Martínez. El decano de los abogados gaditanos refrendó estas palabras. "Más vale un mal acuerdo que un buen pelito", dijo.

Los ciudadanos podrán solicitar este servicio de arbitraje en la Oficina de Servicio Integral de Atención Municipal al Inquilino, que la concejalía de Urbanismo creará en breve.

Alumnos

La función de esta oficina será "asesorar" a las personas con contratos de rentas antiguas o que viven en malas condiciones en infraviviendas. Para prestar este asesoramiento legal, el Ayuntamiento de Cádiz contratará alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica.

Asimismo, el Ayuntamiento ha editado una guía para el arrendamiento y compra de viviendas que distribuirá entre las asociaciones de vecinos y las instituciones públicas.

Se trata de las primeras medidas que aplicará el gobierno local, del PP, después de que declinase en los últimos meses, hasta en dos ocasiones, crear una comisión de investigación que exigieron los grupos de la oposición municipal (PSOE e IU) y las principales asociaciones vecinales para aclarar la supuesta relación entre algunos asustaviejas y el Consistorio gaditano. También quería la oposición investigar si algunos de estos promotores inmobiliarios tienen acceso directo a información municipal sobre el estado físico y jurídico de los inmuebles del casco antiguo de esta ciudad.

Estas medidas llegan dos semanas después de que el Ayuntamiento de Cádiz alcanzase un acuerdo con la Federación vecinal 5 de abril -que aglutina a una veintena de asociaciones de vecinos- para luchar conjuntamente contra el acoso inmobiliario que sufren muchos inquilinos y propietarios de pisos. Ambas partes han acordado trabajar juntos a través de dos grupos de acción. En uno de ellos se planteará un cambio en las relaciones institucionales entre el Ayuntamiento y el movimiento asociativo. El segundo servirá para buscar soluciones al acoso inmobiliario.

En esta línea de actuación, los vecinos están redactando un Manual de derechos y deberes del propietario para actuar contra los asustaviejas, al tiempo que celebrarán nuevos debates ciudadanos para denunciar las prácticas de estos especuladores.